Sigue apareciendo la corrupción en la pandemia

Actualidad Política / Judicial

Cinco meses después de la denuncia por mal uso de dineros oficiales, para atender familias afectadas el COVID-19 en distintos departamentos del país, identifican responsabilidad fiscal, por más de $16.000 millones en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). 

Al proceso de investigación, abierto por la Contraloría General de la República, fueron vinculados, el Eduardo José González Angulo director de la UNGRD, y los subdirectores María Grisela Benítez Ospina, Fernando Carvajal Calderón y Ariel Enrique Zambrano Meza.  

También fueron llamados 35 proveedores a cuyo cargo estuvo el suministro de los kits de alimentos, entre los que figuran empresas como: Apoyos y Logísticas SAS, Ardiko A&S Construcciones, Suministros y Servicios SAS, Central Cooperativa Proveeduría Indígena del Cauca – CENCOIC, Corporación Ceres, D&M Distribuidora y Comercializadora SAS, Distrifruver La Carreta y Diver Dotaciones SAS; como tercero civilmente responsable La Previsora S.A., compañía de seguros.

EL DESCUBRIMIENTO

El irregular hallazgo quedó al descubierto la entrega de estos kits de alimentos de asistencia humanitaria de emergencia -AHE, conforme a la declaratoria de calamidad pública en varios departamentos del país y en el Distrito Capital.

Un comunicado de la Contraloría revela:

 “Los sobrecostos se dieron en 89 órdenes de proveeduríapara entregar kits alimenticios de asistencia humanitaria a damnificados y afectados por la emergencia sanitaria COVID-19, donde se establece la ocurrencia de sobrecostos, y/o cantidades faltantes (menor gramaje o mililitros en elementos como leche, arroz, pasta, sal, panela, fríjol, lenteja, chocolate y aceite) y/o unidades faltantes de ciertos productos (fríjol y chocolate), y/o kits no entregados. 

Además, en algunos casos no se cumplió con llevar los mercados puerta a puerta cuando a ello había lugar. las situaciones mencionadas implican que en desmedro del erario se vienen pagando sumas superiores a las que corresponden al suministro efectivamente prestado” 

DELACIÓN

Los actos irregulares que dieron lugar a este proceso de responsabilidad fiscal fueron puestos en conocimiento de la CGR mediante dos denuncias recibidas por correo electrónico, el 29 de abril pasado, por la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana, que solicitó a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) revisar la contratación cuestionada. 

La Contraloría Delegada para Infraestructura conoció de estas denuncias y a su vez requirió información a la UNGRD sobre el tema, con el objeto de responder un cuestionario formulado por el Senador Carlos Jiménez López, relacionado con posibles sobrecostos en los mercados adquiridos. 

A principios de mayo, la DIARI trasladó la documentación respectiva a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, luego que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con estas irregularidades. 

Posteriormente, el pasado 3 de junio se abrió Indagación Preliminar y tras el cierre de la misma se profirió el auto de apertura del este proceso de responsabilidad fiscal. 

LOS DEPARTAMENTOS

El informe omite la identificación de los Departamentos, que fueron incluidos en esta masiva distribución de apoyos, por lo que no se descarta que el Huila esté entre los beneficiados.

Es de advertir que ágilmente los contratistas presentaron las primeras entregas de estos Kits completos, pero a medida que trascurrió el tiempo redujeron tanto cantidad como calidad en cada uno de ellos, aprovechando que los beneficiados poca atención dieron a este pequeño detalle.

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