La delincuencia, común, organizada y de cuello blanco se tomó la geografía nacional. Organizaciones internacionales por la defensa y transparencia de la justicia y los derechos civiles, señalan el crecimiento sostenido de la criminalidad y la impunidad en Colombia. Precisan que la impunidad supera el 97%. Pero el gobierno y el régimen que representa, continúa dando palos de ciego por incapacidad mental o por conveniencia Seguridad ciudadana, caramelo y distracción tvnoticiascol www.tvnoticias.com.co

Seguridad ciudadana, caramelo y distracción

Actualidad Columnistas

Por Marcos Silva Martínez.

La dramática inseguridad contra la vida de los colombianos, no se cura con paños de agua tibia. 

La delincuencia, común, organizada y de cuello blanco se tomó la geografía nacional. Organizaciones internacionales por la defensa y transparencia de la justicia y los derechos civiles, señalan el crecimiento sostenido de la criminalidad y la impunidad en Colombia. Precisan que la impunidad supera el 97%. Pero el gobierno y el régimen que representa, continúa dando palos de ciego por incapacidad mental o por conveniencia. 

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Investigaciones sobre inseguridad y criminalidad global, ubican a Colombia entre las cuatro naciones con mayor criminalidad e inseguridad ciudadana, en el planeta. Y recordemos que Colombia, en Latinoamérica, es la que tiene mayor gasto militar respecto a su PIB (mayor al 6%) y además, goza de diluvios de aportes departamentales, y municipales.

Colombia se convirtió en un matadero. Al finalizar 2021, se contabilizaron 96 masacres cientos de asesinatos de líderes sociales y reinsertados a pesar de que el estado gasta más de $100.000 millones diarios en su aparato militar, policial y de inteligencia, sin incluir gastos reservados.

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Y que decir sobre el controvertido marco legal, institucional y jurídico-procedimental vigentes:

No hay   seguridad en un país donde a pesar de los aspavientos del gobierno, sobre mejoramiento de la seguridad, hay cientos de asesinatos; por disentir del Régimen o reclamar sus derechos y hasta funcionarios y comunicadores son perseguidos, por los mismos organismos del estado, bajo el ropaje de acciones de inteligencia y contrainteligencia.

No puede haber seguridad, donde la máxima autoridad de la nación y del estado, cínica y groseramente, desconoce los resultados de las investigaciones de la ONU, sobre el comportamiento delincuencial de organismos de seguridad del estado, para acallar la protesta ciudadana por el desgobierno, la inequidad socioeconómica, la corrupción y la impunidad, ejercidas, toleradas y/o auspiciadas desde las altas esferas del poder.

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No hay seguridad donde existen millones de desplazados por organizaciones criminales, en muchos casos, con la connivencia o el apoyo directo o encubierto de organismos del estado. El paramilitarismo sigue vigente, igual que sus usufructuarios, como en los gobiernos de Uribe Vélez. Investigaciones de organizaciones legales y de ONGs, lo corroboran.

No hay seguridad donde centenares de ciudadanos cada día, son víctimas de atracos, fleteos, extorsión, chantaje, sin protección efectiva de parte de la autoridad instituida para garantizar seguridad.

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No hay seguridad ciudadana donde organismos del estado, que deben garantizar la seguridad ciudadana, recurren al crimen, para mostrar resultados y la justicia tradicional institucional es incapaz de juzgarlos y condenarlos.

Además, no hay seguridad ciudadana, donde más de cinco mil niños, mueren anualmente por desnutrición o enfermedades asociadas a ese flagelo y más de 40% de la población padece desnutrición y limitaciones para el acceso al derecho de la salud.

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No puede haber seguridad, donde la brecha entre pobres y ricos es cada día más amplia, se concentra más la riqueza y amplía la pobreza, como lo demuestra la CEPAL y otras investigaciones, en informe socioeconómico de últimos años, incluido el 2021.

El siniestro panorama de inseguridad ciudadana, se puede palpar a diario, en noticieros y medios de comunicación, a lo largo y ancho del país.

La mediocridad, la irresponsabilidad y perversidad del poder y de los dueños de la riqueza, engendraron el caos en que zozobra Colombia, protegidos por la concupiscencia de la institucionalidad, la politiquería, la corrupción y la indiferencia anestesiante de las mayorías anónimas.

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Respecto a las masacres del Aro y la de la Rochela, los más de 6.402 falsos positivos, las carnicerías contra líderes y reclamantes de derechos sociales, etc., las autoridades responsables de la seguridad ciudadana, han prometido resultados y especulado durante años y el resultado es más impunidad a favor de los responsables intelectuales y ordenadores de las ejecuciones. En Colombia hay seguridad de que el que la hace no la paga, si es aliado o defensor del régimen.

Hay seguridad de que para los delincuentes de cuello blanco las penas son irrisorias y que el delincuente puede gozarse el botín del delito.

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El dantesco panorama de inseguridad ciudadana que azota a Colombia, puede controlarse y erradicarse, decretando la emergencia nacional por inseguridad ciudadana. Esta debe decretarse por el máximo periodo permitido legalmente y debe consistir, mínimo en el siguiente ordenamiento:

1.-Prohibir el porte de todas armas blancas y de fuego en todo el territorio nacional, aún si tiene salvoconducto.

2.-El desacato del porte de armas, debe ser sancionado con 3 años mínimo, de detención inconmutable en recinto carcelario, si no tiene antecedentes delincuenciales o más, si los tiene.

3.-Toda acción realizada por terceros contra la integridad física del ciudadano o de sus bienes, tiene que ser respondida, por parte de los jueces, con detención intramural, mínimo por cuatro años y más, según la gravedad del daño ocasionado y la reincidencia en el delito.

4.-Los organismos de seguridad; ejército, policía, armada y fuerza aérea, deben hacer requisas en todas las vías de la geografía nacional, las 24 horas de los 365 días del año, para hacer cumplir lo ordenado en la declaración de la Emergencia Nacional por Inseguridad Ciudadana.

5.-El gobierno debe ordenar y financiar la construcción de centros de reclusión, en cantidad que cuadruplique la capacidad de reclusión carcelaria presente, con infraestructura con costo no superior a $800.000 por metro cuadrado construido. Ese costo es posible, para garantizar máxima seguridad y servicios básico, higiénicos y de salubridad.

6.-Tomar las medidas e instituir el ordenamiento legal necesario, para controlar y sancionar a jueces y abogados litigantes, que pretendan ponerles conejo a las decisiones precisadas para garantizar seguridad al ciudadano. Las sanciones deben consistir en: la destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargo público, en el caso de los jueces y del ejercicio de la profesión de abogado, en el caso de litigantes.   Son entre otros, mis planteamientos e interpretación de la problemática nacional.

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Es lo que el elector debe saber, entender y reconocer, sobre la inseguridad ciudadana y decisiones para resolver las amenazas contra los derechos fundamentales de los ciudadanos y para decidir por quién votar.

Se requieren gobernantes con programas de gobierno específicos para superar el desastre socioeconómico, judicial e institucional y sentido de responsabilidad política y social, para que asuman la reconstrucción integral de la nación.

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Para poder superar la fatalidad socioeconómica, institucional y de desarrollo nacional integral, se tiene que elegir a un ciudadano, que con honestidad sepa interpretar las causas, efectos, y amenazas que acechan el futuro nacional y que esté dispuesto a recurrir al Constituyente Primario, cuantas veces se requiera, si el congreso se opone a tomar decisiones para mejorar las condiciones de vida de los colombianos.     

Bajo la acción y dirección de gobernantes mediocres, perversos, politiqueros y corruptos, es imposible superar el desastre social, económico, jurídico, cultural y de justicia social, condiciones a las que tienen derecho los electores y ciudadanos en general.  

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