El sistema nacional de salud (Ley 100/93), en esencia y por sus resultados, fue motivado y estructurado para convertir un derecho fundamental en un negocio, de alta rentabilidad para beneficio de particulares. Correspondió al acatamiento de los compromisos asumidos al aceptar el Consenso de Washington (1989) Reforma al sistema de salud tvnoticiascol www.tvnoticias.com.co POS salud COlombia colombianos EPS

Reforma al sistema de salud

Actualidad Columnistas

Por Marcos Silva Martinez.

El sistema nacional de salud (Ley 100/93), en esencia y por sus resultados, fue motivado y estructurado para convertir un derecho fundamental en un negocio, de alta rentabilidad para beneficio de particulares. Correspondió al acatamiento de los compromisos asumidos al aceptar el Consenso de Washington (1989).

Los Gobiernos, los poderes públicos y el marco legal que rige el actual Sistema de Salud, han facilitado la satisfacción de objetivos privados de rentabilidad. Las deficiencias y precariedades, en accesibilidad y calidad, desde el inicio, fueron evidentes y no han sido corregidos, como en justicia social corresponde.

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La institucionalidad estimuló la privatización de la oferta asistencial. Hubo improvisación, laxitud y anarquía en la implementación del nuevo negocio de salud.

Hubo y hay diagnósticos acertados sobre causas de las deficiencias operativas y reguladoras del sistema, pero los gobiernos se han negado a corregirlas.

Con más de 250 decretos reglamentarios de la ley 100/93 y de dos leyes reformatorias y una estatutaria (2.012), la situación es cada día peor. El ordenamiento legal en que se fundamentan, mantiene irresponsablemente todos los factores que hacen inviable el sistema de salud.

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La Ley 1122/2.007, fue aprobada con el argumento de mejorar la prestación de servicios al usuario. La Ley 1438/2.011, para fortalecer el sistema general de seguridad social en salud. En ambos casos, los resultados son totalmente contrarios al supuesto propósito de las leyes que rigen el sistema.

Con la ley 100/93, pretendían alcanzar cobertura total en el año 2000. En ese año, Colombia ocupaba el puesto 41, entre 191 países (OMS). Y desde   el 2013, el Sistema estaba colapsado y cooptado por la corrupción de toda índole, coadyuvada por la irresponsabilidad e impunidad institucional y continúa bajo el mismo espectro y amenaza.

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El sistema es inviable, por irresponsabilidad del Poder Público, o sea, del Régimen político-económico vigente, caracterizado por el favoritismo sesgado en favor de unos pocos explotadores del negocio y la corrupción administrativa en EPS e IPS. Creció la Cobertura por afiliación, pero sin atención con calidad, ni oportunidad.   La simple afiliación no garantiza buen servicio y protección de salud. El Sistema de Salud lo convirtieron en un negocio, entregado a habilidosos explotadores, usufructuarios de amplia impunidad.

El Sistema puede salvarse, manteniendo los ordenamientos positivos de la Ley 100/93, mediante una ley que lo reestructure integralmente, bajo el criterio de que es un servicio para responder por un derecho fundamental y no un negocio para maximizar ganancias del sector privado. Si vía Congreso es imposible, se debe recurrir al Constituyente Primario.

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La problemática financiera del sector, no obedece únicamente a falta de recursos económicos. La suma de los recursos financieros del sistema, proyectados para el año 2020, superó el 7.6% del PIB ($76 billones año). Suficientes para garantizar, bajo   racional control del Estado y costos racionales, servicio en salud de calidad, a todos los colombianos, que lo requieran.

La irresponsabilidad de los Gobiernos, en el control y vigilancia del sistema lo ha hecho inviable y convertido en filón de los delincuentes de cuello blanco. 

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La apropiación ilegal de los dineros de la salud ha sido creciente. En el 2000, fue creado un Grupo Élite, en la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, para recuperar los dineros perdidos de la salud (en ARS). Existen los fantasmas burocráticos de la CRES y Superintendencia Nacional de Salud, para vigilar y controlar los actores del sistema. Las investigaciones no arrojan resultados satisfactorios.  La justicia esta corrompida hasta la médula. Los saqueadores del Sistema, gozan de total impunidad. Los gobiernos han sido defensores incondicionales de las EPS privadas. En particular los de Uribe Vélez, para acabar con las EPS públicas, hasta lograrlo.

Uribe, señaló como causa de la crisis financiera del sector la irresponsabilidad médica por los abusos del «no POS» y criminalizó el ejercicio de la profesión, por recetar remedios demasiado costosos, que él mismo ordenó desregularles los precios, en los primeros seis años de su gobierno (2002-2010).

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Los gobiernos se han negado a hacer control y regulación efectivos de los precios de los medicamentos y de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Todos deben ser racionalmente regulados y controlados, dentro del ordenamiento legal.

Las EPS y ARS tenían definido el porcentaje que deben destinar a la atención en salud y a gastos de promoción y administración. No lo acataron. Se dedicaron a capitalizarse con esos dineros. Nadie hizo control oportuno. Los gobiernos, obsecuentes con la irresponsabilidad de la clase política y los objetivos del mercado, son los únicos responsables de la pésima calidad del servicio de salud y del caos administrativo, operativo y económico que ahoga al Sistema.

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Investigaciones, desde hace un tiempo, indican que las EPS privadas, en 20 años, acrecentaron su patrimonio particular, privado, 177 veces.

La pandemia desnudó la precariedad del deficiente Sistema. 80% de sus trabajadores tienen vínculo por prestación de servicios, 48% tienen que adquirir por su cuenta los recursos logísticos de protección laboral y un alto porcentaje no recibe los decrecientes pagos de honorarios y/o servicios oportunamente, entre muchas otras falencias del Sistema.

La pandemia dio la oportunidad de desnudar, conocer y reconocer la precariedad del Sistema. El Gobierno y el Congreso, tienen la obligación de actuar para responder por toda la problemática del Sistema Nacional de Salud y de ordenar investigaciones sobre los responsables de toda la problemática relacionada con la salud y reestructurar todo el sistema. Los ciudadanos tienen el derecho de exigirlo y de lograr resultados.

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Sin eliminar totalmente el dominio del Sistema, por parte del sector privado, cuyo objetivo exclusivo es la ganancia, no puede haber solución.

La justicia penal, fiscal y disciplinaria, debe actuar sumariamente. Las causas del problema no se eliminan con paños de agua tibia. Las sanciones penales y económicas a los responsables de los desfalcos y el caos administrativo, deben aplicarlas a funcionarios y empresarios del negocio de la salud, e incluir investigar el enriquecimiento ilícito, y penarlo con exclusión definitiva de los responsables, del negocio de la salud.

Reformas urgentes al sector salud

1.-Tiene que ampliarse, fortalecerse y modernizarse el sistema hospitalario público. Cada Departamento con población superior a un millón de habitantes, debe contar con un hospital público de cuarto nivel, con capacidad de atender y resolver los requerimientos de alta complejidad, la demanda de atención diagnóstica, hospitalaria y terapéutica, de la correspondiente región y debe disponer de logística y tecnologías de punta, para satisfacer los requerimientos específicos de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

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2.-Se tiene que establecer un sistema de costos único, para cada procedimiento diagnóstico y terapéutico, asistencial y de hospitalización, igual para instituciones públicas y privadas y la hospitalización siempre tiene que hacerse en habitaciones separadas y bajo ningún pretexto en pasillos del centro hospitalario.

3.-La vinculación laboral, del 100% de los trabajadores de la salud de planta, en instituciones públicas y privadas, tiene que hacerse mediante vínculo a término indefinido, de acuerdo con las normas legales laborales y prestacionales vigentes y no a través de lo que se conoce como sistema de tercerización.

4.-El Sistema de Salud Nacional, tiene que ser objeto de redefinición del marco legal mediante el cual, las EPS privadas hacen la intermediación en la afiliación de los usuarios de los servicios de salud. tienen que ser objeto de redefinición de los costos de la Intermediación y servicios prestados al Sistema de Salud que hoy es muy oneroso.

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Las EPS existentes, para poder continuar con su vínculo de intermediación financiera, afiliación y manejo de los recursos de la salud, tienen que demostrar capacidad financiera efectiva y de disponibilidad inmediata, para responder oportunamente ante contingencias, y circunstancias de iliquidez del Sistema Público o sectores del mismo.

El retraso en el pago de las cuentas presentadas por las IPS, superior a 60 días, tiene que sancionarse con pago de 1.5% mensual, sobre el valor de la cuenta presentada por la respectiva IPS contados a partir de 60 días de la radicación de la cuenta.

Cada EPS, debe garantizar mediante Póliza de Seguros, con vigencia no inferior a cinco años, el pago de las cuentas generadas por servicios prestados por la IPS y los Salarios de los trabajadores de la salud, vinculados a sus servicios.   

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5.-El estado tiene que hacer vigilancia y regulación permanente de precios de medicamentos e insumos hospitalarios y regularlos de acuerdos con parámetros comparativos de la nación y región o en casos especiales, con soporte en análisis de precios y comercialización, en particular cuando se trate de productos con patentes vencidas.

6.-El estado, tiene que adoptar sistemas de vigilancia y control de calidad en la formación académica de los trabajadores de la salud, con énfasis en la humanización del trato a pacientes y trabajadores subalternos. Son algunas sugerencias planteadas. 

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