REDUCIR LA LIBERTAD DE CÁTEDRA, EN COLEGIOS OFICIALES: ¿UNA BUENA IDEA? 

Actualidad Columnistas

Por Diego Antonio Pineda (razonpublica)

LA PROPUESTA

A finales de febrero, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edward Rodríguez, presentó un proyecto de ley para castigar con sanciones que podrían incluir hasta dos años de suspensión, a los profesores que hagan comentarios políticos en sus clases con el propósito de influir sobre sus alumnos.

El proyecto surge en medio de las críticas que el uribismo le ha hecho a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), acusándolos de “politizar la educación”. Por eso está claro que la iniciativa está dirigida contra los maestros y que parte del supuesto, muy discutible, de que muchos de ellos utilizan sus clases para “adoctrinar” políticamente a sus estudiantes.

Este  proyecto de ley sancionaría a los maestros que expresen opiniones políticas dentro del aula  de clase. Pero  las cosas son más complicadas de lo que parece.

ABSURDA, IMPOSIBLE Y CONTRAPRODUCENTE

La situación que pretende corregir el proyecto del congresista Rodríguez puede ser realidad en algunos casos, pero eso ocurre tanto entre los profesores que defienden posiciones de izquierda como entre aquellos que se inclinan hacia la derecha.

Y en todo caso, que una persona, profesor o no, exprese sus opiniones no solo es inevitable, sino que es necesario y deseable en una democracia. La comprensión del ciudadano se enriquece en la medida en que puede considerar una pluralidad de perspectivas.

El proyecto tiene nombre propio: está hecho para acallar a los miembros de FECODE.

Tratar de limitar la expresión de las opiniones de los maestros no es solo absurdo, sino imposible. ¿Qué pretende quien hace tal propuesta, que en cada salón de clase se ponga un policía para que se asegure de que el profesor no exprese sus puntos de vista porque ello puede “influir” sobre sus estudiantes? ¿Tal vez que en todos los salones se introduzcan grabadoras y filmadoras para recolectar las pruebas que permitan denunciar y sancionar a los infractores? ¿O, más bien, constituir en cada aula de clase una “red de informantes”?

Aceptar esta iniciativa implicaría hacer de los maestros unos sujetos sospechosos y les daría a los estudiantes un terrible poder de denuncia y manipulación de sus educadores. También produciría un clima de desconfianza en el aula que haría imposible una auténtica relación pedagógica.

LAS FALACIAS

El proyecto está dirigido a estudiantes de colegio. Foto: Alcaldía de Bucaramanga.
El proyecto está dirigido a estudiantes de colegio.
Foto: Alcaldía de Bucaramanga.

La primera de ellas es creer que el alumno aprende o debería aprender exactamente lo que el profesor enseña. Pero en la vida real el aprendizaje no es un resultado directo y automático de la enseñanza. Nadie aprende exactamente lo que le enseñan. Se aprende, más bien, lo que, después de examinar diversas perspectivas y elaborar un juicio propio, se concluye por sí mismo.El proyecto de ley ha generado una controversia muy amplia entre los educadores, profesores universitarios y periodistas. Muchos políticos de los más diversos sectores — entre ellos, el propio jefe político de Rodríguez, el senador Álvaro Uribe — han salido a rechazarlo. Pero el representante Rodríguez ha defendido su proyecto a capa y espada con toda clase de falacias.

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Que un profesor defienda ante sus estudiantes un cierto conjunto de opiniones, políticas o de otro tipo, no implica que el estudiante asuma de forma acrítica tales opiniones. ¿O es que acaso los estudiantes son borregos incapaces de elaborar juicios propios? No es eso lo que creemos quienes llevamos muchos años dedicados a la educación de los niños y jóvenes.

La mejor prueba de que la educación no funciona así es el mismo representante Rodríguez, quien ha dicho que estudió en un colegio público y que fue “víctima” de muchos educadores que quisieron adoctrinarlo con ideas de izquierda.

Otra falacia. Rodríguez nos ha explicado que el proyecto surgió de una consulta amplia con los padres de familia y los profesores, y que su único interés es proteger el “libre desarrollo de la personalidad” de los niños. Pero privar a los niños y jóvenes de diversas perspectivas sobre los problemas que examinan en una clase no es protegerlos, sino despreciar su capacidad de juicio.

Rodríguez también se ha defendido afirmando que su proyecto se refiere solamente a los profesores de colegio, como si eso lo hiciera menos grave. Pero con esto apenas se demuestra que el representante teme enfrentarse con los profesores universitarios, que tienen un mayor reconocimiento social y mejores medios de defensa. Y, en todo caso, queda claro que el proyecto tiene nombre propio: está hecho para acallar a los miembros de FECODE.

Además, la explicación tampoco nos deja tranquilos a quienes trabajamos en las universidades. Y no apenas por solidaridad con los profesores de la educación básica y media, sino porque, si el proyecto llegara a concretarse, todos los educadores estaríamos amenazados y empezaríamos a ser vistos con sospecha.

Por último, Rodríguez se escuda bajo el argumento de que la restricción se extendería solo a áreas “apolíticas”, como las ciencias naturales o las matemáticas; pero que, en las ciencias sociales, donde es inevitable que se hable de política, los profesores deberán enseñar de manera “objetiva”.

Esas afirmaciones demuestran que Rodríguez ignora por completo cómo se produce el conocimiento en un aula de clase. ¿Acaso las ciencias naturales y las matemáticas no pueden ser objeto de manipulación política? Recordemos, por ejemplo, que las ciencias biológicas fueron utilizadas por el nacionalsocialismo y por el comunismo para imponer una visión prefijada del mundo.

Además, ¿por qué habría que desvincular a las ciencias de los contextos políticos que les dan sentido y relevancia? Incluso en las disciplinas más abstractas eso sería absurdo. Los más grandes descubrimientos en campos como la física, la biología o las matemáticas se deben a exigencias y necesidades de contextos sociales específicos.

RODRÍGUEZ IGNORA POR COMPLETO CÓMO SE PRODUCE EL CONOCIMIENTO EN UN AULA DE CLASE.

Y, sobre todo, ¿qué quiere decir enseñar de forma “objetiva”? ¿Acaso significa que los profesores deben limitarse a dar datos sin preparar al estudiante para que forme su propia capacidad crítica? ¿Cómo se enseña “objetivamente” la historia, la literatura o la filosofía?

Una vez más queda claro que a Rodríguez le molesta el pensamiento crítico de los estudiantes. Todo lo que ayude a formar su memoria histórica y su capacidad de juicio es tachado de “político” y “subjetivo”, pero eso es precisamente lo que se requiere para comprender adecuadamente nuestros conflictos sociales.

En suma, este proyecto representa a una muy pequeña porción de ciudadanos, que le temen a la crítica y que están interesados en censurar y limitar la libertad de cátedra.

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Ingenuo, peligroso y antidemocrático

¿Adoctrinamiento ideológico en las escuelas?.
¿Adoctrinamiento ideológico en las escuelas?.
Foto: Super Intendencia de Riesgos de Trabajo

Desde cualquier punto de vista, este proyecto de ley es sospechosamente ingenuo, peligroso y antidemocrático.

Es ingenuo porque cree cándidamente que es posible enseñar un conocimiento neutral desde el punto de vista moral o político, libre de toda opinión y valoración. Una ingenuidad muy sospechosa para el miembro de un partido que busca a toda costa imponer una visión única del conflicto y que le teme tanto al pensamiento divergente.

El proyecto es peligroso porque produciría un daño terrible a la educación de los niños y jóvenes, al privarlos de la posibilidad de conocer diversas perspectivas sobre los problemas que estudian. Además, los profesores se convertirían en potenciales delincuentes, siempre sujetos sospechosos, y eso crearía un clima de desconfianza mutua en el aula de clase que haría imposible la educación. ¿Quién querría ser maestro bajo tales condiciones?

Y es antidemocrático porque viola derechos fundamentales, como las libertades de pensamiento, expresión y cátedra. Si a un profesor se le niega la posibilidad de expresar lo que piensa, so pena de una sanción tan grave, es claro que se le niega también la posibilidad de pensar de un modo distinto a otros. Así, supuestamente para “evitar el adoctrinamiento”, se cultiva la intolerancia.

Edward Rodríguez parece un Meleto contemporáneo que, como aquel viejo acusador de Sócrates, señala con el dedo a quienes “corrompen a la juventud”. El representante ignora por completo qué es la ciencia, qué es la educación, y antepone sus propios intereses políticos a los derechos e intereses genuinos de los niños y los adolescentes.

Lo mejor que podría hacer Rodríguez es retirar un proyecto que está condenado al fracaso, pues ha sido rechazado hasta por su mentor político. Si el representante quería tener un sitio en la historia de Colombia, ya lo consiguió: los educadores lo recordaremos como aquel que quiso imponernos una mordaza.

* Profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana.

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