El ordenamiento legal institucional colombiano, es laxo, inapropiado para garantizar equidad socioeconómica y justicia social integral. Es permisivo y tolerante según las conveniencias. Desarticulado con los requerimientos del desarrollo nacional integral. Favorable a intereses de élites y círculos de poder y garante de los ordenamientos y directrices del capital nacional e internacional y gremial naciona Que decida el constituyente primario tvnoticiascol TVNOTICIAS.COM www.tvnoticias.com.co

Que decida el constituyente primario

Actualidad Columnistas

Por Marcos Silva Martínez.

El ordenamiento legal institucional colombiano, es laxo, inapropiado para garantizar equidad socioeconómica y justicia social integral. Es permisivo y tolerante según las conveniencias. Desarticulado con los requerimientos del desarrollo nacional integral. Favorable a intereses de élites y círculos de poder y garante de los ordenamientos y directrices del capital nacional e internacional y gremial nacional. Son, entre otras, las aristas de la institucionalidad y marco jurídico-legal nacional, que rige en Colombia.  

Han transcurrido más de 200 años, desde la independencia y durante ese tiempo se alternaron en el ejercicio del poder, organizaciones políticas, que inequívocamente demostraron no tener sentido de responsabilidad social y política, para impulsar el desarrollo nacional integral y para propiciar e institucionalizar la equidad socioeconómica, superar la pobreza, la inseguridad ciudadana y garantizar e impulsar el desarrollo intelectual, tecnológico y científico nacional.

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El poder ejecutivo y el congreso son los órganos que pueden y deben proyectar y aprobar el ordenamiento legal, capaz de garantizar desarrollo nacional integral, convivencia ciudadana y derrotar la inequidad socioeconómica.

Después de dos siglos de ejercicio del poder, comprobamos que no les interesó el bienestar social general, ni la seguridad y calidad de vida de las mayorías nacionales y que los gobiernos y congreso de la nación, posteriores a la Constitución del 91, han demostrado irresponsabilidad total, para responder por las demandas sociales y el bienestar general, soportado en el nuevo ordenamiento constitucional.

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Ante los deplorables resultados del ejercicio del poder público, hasta el presente y ante las perspectivas sombrías del futuro nacional general, los electores no debemos continuar esperando que los excluyentes dueños del poder público resuelvan la encrucijada fiscal, socioeconómica, jurídica, de impunidad y de inseguridad que amenazan a todo el pueblo colombiano, en particular a los pobres (más del 70%).

La constitución de 1991, definió y consagró en su ordenamiento de garantías y derechos sociales, facultades precisas para que el constituyente primario pueda ejercer funciones legales, para lograr lo que los órganos de poder institucional, han omitido, se niegan hacer o lo hacen irregularmente.

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Ante la cruda y vergonzosa realidad socioeconómica, política y fiscal nacional, el constituyente primario, debe decidir; ordenar, definir e impulsar las acciones que le garantiza la constitución y la ley, para realizar los plebiscitos, referendos o consultas populares, que se requieran, para introducirle modificaciones de fondo, al ordenamiento legal vigente, y de esa manera resolver la problemática nacional, que amenazan el futuro de la nación.

Con base en las anteriores consideraciones, sugiero las reformas siguientes, para que el constituyente primario las socialice entre todos los ciudadanos colombianos y realice lo que se requiera, para someterlas a votación popular y convertirlas en ordenamiento constitucional de la república: 

1.-REFORMA DEL CONGRESO:

El Órgano Legislativo de Colombia, por voluntad y decisión del Constituyente Primario, a partir de la aprobación popular, queda integrado así:

Un Senado de la República integrado por dos representantes de cada departamento y una Cámara integrada por tres representantes de cada departamento y solo pueden ser elegidos  por máximo tres periodos consecutivos y para ser elegido  debe tener nacionalidad colombiana de nacimiento, tener 30 años cumplidos, no haber sido condenado judicialmente por delitos tipificados en  la normatividad legal colombiana vigente, en ningún periodo de su vida, ni tener procesos judiciales en curso, en su contra, en la fecha de ser elegido.

2.-REFORMA SALARIAL Y PENSIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO:

2.1.-En Colombia, en el sector público, a partir de la aprobación del referendo o plebiscito, por concepto de salario y complementarios, ninguna entidad pública o mixta pueden pagar a trabajador o prestador de servicios,  por concepto de salarios y complementarios,  más de 18 salarios mínimos mensuales y máximo pueden ser pagados, por concepto de pensión y complementarios, 10 salarios mínimos mensuales vigentes, y en todos los casos, la liquidación de pensión tiene que hacerse con base en el salario básico mensual, únicamente.

2.3.-Todo colombiano en estado de invalidez económica o física o abandono familiar, a partir de los 62 años, tiene derecho a recibir del Estado, una pensión mensual permanente de un salario mínimo mensual, sin derecho a sucesión pensional.

El salario mínimo, a partir de la aprobación del presente ordenamiento del constituyente primario, en cuatro periodos anuales, se tiene que nivelarse con el valor de la canasta básica de consumo familiar y a partir de esa cuantía, se reajustará anualmente con base el crecimiento porcentual anual de la canasta básica alimentaria.

3.-REFORMAS SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

3.1.-Ninguna entidad o Institución del Estado u Ordenador del gasto, puede convocar a Concurso Público, para contratar la ejecución de Obras, Concesiones, Asociaciones Público Privadas,  de ningún proyecto de infraestructura,  o interventoría, sin disponer de estudios y diseños del correspondiente proyecto  e ingeniería de detalles aprobados oficialmente y presupuesto oficial soportado por análisis de precios unitarios y ningún contratista puede tener más de 2 contratos con entidad pública, al mismo tiempo.

La experiencia técnica profesional del proponente y contratista debe ser válida durante toda su existencia como persona natural o desde la fecha de constitución de Persona Jurídica y la entidad contratante no puede exigir experiencia técnica superior al monto de la convocatoria y debe ser válida la obtenida tanto en lo oficial como en lo privado.     

Además, ninguna Entidad pública puede exigir capacidad financiera superior al monto de la correspondiente convocatoria en curso y el único instrumento de demostración de capacidad financiera tiene que ser el patrimonio bruto de la última declaración de rentas del proponente y ninguna   entidad pública puede aceptar certificaciones o constancias de financiación o de experiencia profesional técnica, de obras o consultorías, financiadas con créditos otorgados por particulares.

(Las mafias del narcotráfico y lavado de dólares, saltan ante la oportunidad y participan en contratación pública, por esa vía, a través de testaferros. Desafortunadamente son muchos los contratistas que se prestan para esas prácticas).

3.2.-Ordenar, que en los procesos de contratación, se garantice amplia participación de oferentes y para tal propósito, en los procesos de  menor cuantía, tiene que haber mínimo 15 proponentes, seleccionados mediante audiencia pública y uso de balotas, en el correspondiente sorteo de la convocatoria de participantes y mínimo cinco elegibles, después de la evaluación de propuestas y en los procesos de mayor cuantía, de todo tipo de contratación,  debe haber mínimo 8 proponentes u oferentes  y mínimo 4 elegibles, después de evaluación de propuestas. En caso contrario, siempre deben repetir el proceso. La adjudicación del concurso, siempre deben hacerla por sorteo, con balotas y no electrónicamente, entre los proponentes hábiles. En todos los casos, deben ser elegibles quienes cumplan con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, como única condición habilitante (sin puntajes). 

La contratación pública es la vena rota del presupuesto público. La corrupción, el caos, la anarquía y la impunidad son amenazas graves para la nación. Lo planteado, son reformas que no se pueden lograr a través de leyes ordinarias, con el tipo de Congreso, institucionalidad y dirigencia nacional existentes.

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