Medios hegemónicos destaca robo a la paz Un contrato de construcción de paneles solares en zona rural de Becerril (Cesar) fue adjudicado a empresas que consolidan un “cartel” que acaparó ocho licitaciones más. El supervisor fue una empresa con dos investigaciones por responsabilidad fiscal. Seis gobernadores indígenas de la zona denunciaron que no hubo proceso de consulta previa tvnoticiascol www.tvnoticias.com.co

Medios hegemónicos destaca robo a la paz

Actualidad Política / Judicial

(Tomado de Pulso del Tiempo).

El informe

Un contrato de construcción de paneles solares en zona rural de Becerril (Cesar) fue adjudicado a empresas que consolidan un “cartel” que acaparó ocho licitaciones más. El supervisor fue una empresa con dos investigaciones por responsabilidad fiscal. Seis gobernadores indígenas de la zona denunciaron que no hubo proceso de consulta previa.

El pasado 2 de mayo la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación reportó en su página web como un logro de gestión que, por primera vez, más de 500 familias de zonas rurales del Cesar contarían con energía eléctrica gracias a la instalación de paneles solares en varias veredas del municipio de Becerril.

A la entrega del proyecto asistió el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, quien explicó que esa obra había sido posible gracias a los recursos del órgano Ocad-Paz, órgano del Sistema General de Regalías (SGR) responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con esos recursos y que contribuyan a la implementación del Acuerdo de Paz.

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El contrato se dio, pese a que desde diciembre de 2020 la Presidencia de la República, la Procuraduría, el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación del Cesar y la Personería y Alcaldía de Becerril venían siendo alertados de irregularidades en esa contratación. En junio de 2021, las denuncias se extendieron hasta la Fiscalía, Contraloría y Defensoría.

Aun así, la licitación se celebró por más de $10 mil millones y quedó en manos de los contratistas Elier Jovanny Martínez Martínez, de la “Unión Temporal Energía 2020″ y de James Martínez Gallego, de Proinges SAS. El primero es cuestionado por la Contraloría por pertenecer al ‘cartel de los paneles solares’ y el segundo tiene investigaciones por posible responsabilidad fiscal en contratos similares en otros municipios.

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La “Unión Temporal Energía 2020″, constituida para participar del proceso de licitación, se constituyó el 3 de diciembre de 2020, 15 días después de que la alcaldía de Becerril (Cesar) publicara en el Secop 1 el proceso de licitación obra pública LP-005-2020. Las empresas que participan de esa UT son Baz Marine Services S.A., una empresa mexicana con filial en Barranquilla desde noviembre de 2020 cuyo apoderado legal en Colombia es Juan Pablo Ballestas Juliao; Diselectricos S.A.S, cuyo representante legal es, precisamente, Elier Jovanny Martínez, el mismo que representa de forma general toda la UT, y Esco-Compañía de Servicios Energéticos S.A.S, en cabeza de Saúl Samuel Sandoval Arraut.

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El 28 de junio pasado, antes de que se conociera el escándalo de los recursos de la paz revelado por Blu Radio, la Contraloría ya había advertido que en ocho de nueve proyectos auditados de paneles solares, las empresas que habrían ganado el contrato serían las mismas, pero camufladas en distintas uniones temporales que crearon para participar de cuantiosos contratos en Dibulla, Fonseca, Urumita (La Guajira) y en La Paz, Pueblo Bello, Becerril y Codazzi (Cesar). El ente de control también determinó que habrían incurrido en sobrecostos en todos estos proyectos de energía renovable.

Por el caso de Becerril (Cesar), Colombia+20 conoció un derecho de petición de junio de 2021 que enviaron los gobernadores de los resguardos indígenas Rosario, Bellavista, Yukatán (municipio de La Paz), Iroka (Agustín Codazzi) y Sokorhpa (Becerril) a todos los entes de control mencionados anteriormente con la referencia: “Denuncia corrupción” por el proyecto de los paneles solares, advirtiendo que “dicho proyecto nunca fue socializado ni consultado de manera formal con la comunidad Resguardo Sokorhpa (uno de los beneficiarios) y mucho menos ha sido priorizado por nuestra comunidad, puesto que el proyecto en mención no refleja nuestras necesidades”.

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En ese documento, las autoridades indígenas especifican que su resguardo hace parte del territorio PDET de la Serranía del Perijá y que el proyecto que desarrollaron salió de la cartera del Ocad-Paz, es decir, que todos los proyectos aprobados por esa cartera debieron pasar por la aprobación y el consenso de las comunidades beneficiada como lo determinó el Ministerio del Interior.

El proyecto de Ocad-Paz que tiene cuatro contratistas investigados por Contraloría

Foto: Cortesía

El 19 de julio pasado el Departamento Nacional de Planeación (DNP) respondió a este derecho de petición asegurando que varios actores institucionales, entre ellos las autoridades indígenas debían definir los proyectos de inversión de esta cartera. Al responder esta petición, la entidad confirmó que conocieron de las denuncias que hizo la comunidad al haber violado el mecanismo de consulta previa.

Sin embargo, la oficina de prensa del DNP aseguró que sobre ese contrato: “hicimos un reporte a organismos de control por ausencia de requisitos de contratación. Importante aclarar que sobre la ejecución no tenemos ninguna alerta”. Esto, a pesar de que en el derecho de petición en poder de diario se lee: “Como pueblo Yukpa vemos con sorpresa como el contratista da avances de obra cuando ni siquiera ha iniciado”. Esta alerta fue enviada el 25 de junio de 2021, en plena ejecución.

El proyecto de Ocad-Paz que tiene cuatro contratistas investigados por Contraloría

Foto: Cortesía

Sobre la petición de los gobernadores de entregar las actas de consulta previa realizadas para el desarrollo de este proyecto, el DNP no se pronunció ni envió dichas constancias. En los documentos adjuntos en el Secop tampoco hay ninguno relacionado con estos procesos con comunidades étnicas. Raúl Machado, el alcalde de Becerril, fue quien firmó, dio el visto bueno y adjudicó los contratos de esta obra PDET. Este diario intentó obtener la versión del alcalde Machado sobre estos hechos, pero hasta el cierre de esta edición ni él ni su asesor jurídico habían contestado los correos, mensajes ni llamadas.

Según James Martínez Gallego, el interventor de ese contrato, “el alcalde nos entregó la lista de las 503 personas beneficiadas y allí no había nadie que perteneciera a una comunidad indígena, por eso nunca hubo consulta previa. Tampoco conocemos dicho derecho de petición del resguardo”. Por su parte, la gobernadora indígena Esneda Saavedra Restrepo, del resguardo Sokorhpa, confirmó que la comunidad indígena que dirige sí recibió los paneles solares.

Las advertencias que la alcaldía no escuchó

Cristian Amilkar Jiménez, representante legal de la empresa Obair Electric S.A.S. fue el primero en solicitar que esta licitación fuera revocada porque no cumplía con todos los requisitos de contratación pública ni dejaba garantías para los proponentes. Una de las observaciones que hizo el 21 de diciembre de 2020, es que los estudios previos poblacionales no se hicieron con la población total rural de Becerril. “Se realizó un diagnóstico en el que se toman como referencia la población de los corregimientos de Estados Unidos y La Guajirita, pero no se hizo la caracterización de quienes sí iban a ser los beneficiarios”, se lee en los documentos.

El proyecto de Ocad-Paz que tiene cuatro contratistas investigados por Contraloría

Foto: Cortesía

Amilkar también advirtió que hubo nueve días hábiles para hacer observaciones técnicas a la propuesta (la norma ordena que sean 10 días). Algunas de las observaciones que Obair Electric S.A.S. iba hacer a la licitación estaban relacionadas con la inviabilidad de instalar paneles eléctricos sin que la administración municipal garantizara la empresa que haría mantenimientos a estos, además de cuestionar que la celebración de dicho contrato no estaba planeado en el Plan de Adquisiciones del municipio en 2020.

También hablaron sobre irregularidades en los presupuestos que planteaba la licitación, además de asegurar que había un requisito para los contratantes que no era legal. “Una entidad estatal no puede rechazar una oferta porque el oferente no está inscrito en el Código de Clasificador de Bienes y Servicios del Objeto de Contratación (…) Esta clasificación del proponente no es un requisito habilitante, sino un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compra Pública”.

Arnulfo Molina Polo, el coordinador ejecutivo de la Veeduría Ciudadana contra la corrupción del Cesar también envió una carta en diciembre de 2020 para hacer un proceso de seguimiento de los oferentes a este contrato por posibles irregularidades sobre las que ya había denuncias. En diálogo con este diario aseguró que “ese fue uno de los contratos que se robaron en el departamento del fondo Ocad-Paz”.

El cuestionado interventor

Por este caso, la Contraloría ha puesto el ojo únicamente sobre los ejecutores del contrato, pero El Espectador conoció que el interventor de este proyecto, la empresa Proinges S.A.S., en cabeza de Martínez Gallego, también es un contratista recurrente del Estado que ha tenido por lo menos 13 contratos como interventor en nueve departamentos del país en cuatro años y medio que suman más de $5.500 millones.

Sus interventorías han llegado hasta el Chocó, Cesar, Bolívar, Arauca, Atlántico, La Guajira, Magdalena, la isla de Providencia y Bogotá, (contrato con el Ministerio de Minas y Energía) y han costado desde $39 millones por cinco meses de trabajo hasta $1.192 millones por un contrato que firmó el 3 de mayo de 2021 y que culminó el 3 de junio pasado (duró 13 meses).

Con el fin de hacer una auditoría técnica ambiental administrativa y financiera de un contrato de instalación de paneles solares en municipios de zona bananera como Tenerife, Retén, Chiboló y Pueblo Viejo (Magdalena). “Ya tenemos experiencia en estos procesos fotovoltaicos y por eso hemos cerrado bastantes proyectos de estos en el país, sobre todo en la Costa”, aseguró a este diario Martínez Gallego. En dos de esos contratos hubo investigaciones por responsabilidad fiscal en la Contraloría.

El primero fue abierto en mayo de 2021 por un contrato en un municipio del PDET Sur de Bolívar por la construcción de infraestructura eléctrica para las comunidades de Llano Grande y Humaderita en julio de 2016 (en zona rural del municipio de Simití, Bolívar) que costó más de $1.500 millones. James Martínez Gallego fungió como interventor de este contrato por tres meses, por un valor de $111,9 millones. La Contraloría abrió el proceso advirtiendo de “fallas en la supervisión” por parte del interventor al contratista, entre otras irregularidades.

“En la revisión técnica realizada al sitio de la obra, esta no se encuentra concluida y no está prestando un servicio a la comunidad”, se lee en el documento. El ente de control también aseguró que “el interventor no veló por el estricto cumplimiento de todas las obligaciones del contratista, contempladas en el contrato y sus anexos”.

En el documento explican que el contrato tuvo suspensiones en la construcción por más de seis meses y que, a pesar de ello, “no consta ninguna ampliación de la garantía suscrita desde el amparo del inicio del contrato, en ese sentido el interventor incumplió con el deber real de cumplir con lo establecido en la ley 1474 de 2011(…).” La Contraloría confirmó que este caso fue archivado y podría reabrirse la investigación porque no se ha emitido ningún fallo.

Por este mismo caso, la Procuraduría de Barrancabermeja abrió una investigación disciplinaria el 22 de marzo de 2022 en contra del alcalde de Simití, el secretario de Planeación de ese municipio, el representante legal del consorcio que ejecutó el contrato y en contra de Martínez Gallego, como interventor.

El proyecto de Ocad-Paz que tiene cuatro contratistas investigados por Contraloría

Foto: Cortesía

El segundo contrato investigado -y fallado con responsabilidad fiscal- por la Contraloría se celebró en la isla de Providencia en junio de 2014 para la asesoría para la elaboración de estudios previos y diseños para la Reconstrucción del Fuerte la Libertad en esa isla por un valor superior a los $2.300 millones.

Sin embargo, el contrato de interventoría se materializó hasta 13 meses después de que ya había iniciado la asesoría. “Ha debido, simultáneamente, contarse con la interventoría que verificaría la ejecución ajustada a las necesidades advertidas por la entidad territorial”, concluyó la Contraloría.

Fue hasta octubre de 2015 que James Martínez encabezó la “Unión Temporal Proisen” (entre las empresas Proinges S.A.S. y Sentel LTDA) que fungió como interventor del contrato y cobró $209 millones por ese servicio que duró poco más de dos meses (y que estaba planificado para durar seis meses). 67 días después de que comenzara el contrato de interventoría emitieron su concepto positivo sobre el contrato que supervisaron.

Según la Contraloría, el alcalde de Providencia y Santa Catalina, su entonces secretario de Gobierno y el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos incurrieron en un daño fiscal de recursos públicos por un desfalco de $109 millones, dado que los estudios iniciales del proyecto contemplaban que el servicio de interventoría tuviera una duración de seis meses (por los que se pagarían $229 millones). Sin embargo, la Unión Temporal en cabeza de James Martínez prestó ese servicio durante poco más de dos meses.

El proyecto de Ocad-Paz que tiene cuatro contratistas investigados por Contraloría

Foto: Cortesía

El cartel de los paneles solares

En la alerta de la Contraloría del pasado 28 de junio se advirtió de la presencia de tres empresas que consolidarían el ‘cartel’ de los paneles solares que operaban cobrando un impuesto de obras civiles llamado AIU (que tiene como finalidad cubrir los gastos por altos riesgos) por un porcentaje del 30 % del contrato, aun cuando la mayor parte de las licitaciones era el suministro de implementos para la obra. Según una ingeniera civil consultada, la irregularidad se traduce en que siendo contratos con riesgo mínimo se cobró un porcentaje muy alto.

“Lo que más llamó la atención fue que los ocho proyectos y sus estudios fueron elaborados por la misma persona, a título de donación y sin vínculo contractual con las administraciones auditadas, configurándose una posible malla contractual, con el mismo formulador y una misma empresa contratista para todos los municipios camuflada en distintas uniones temporales”, dijo el ente de control.

Según la Contraloría hay 12 hallazgos fiscales por un valor superior a los $67 mil millones, de los cuales nueve son del sector de Minas y Energía relacionados, precisamente, con la implementación de paneles solares en distintas zonas del país.

En el caso, por ejemplo, de Elier Jovanny Martínez Martínez ya había participado como representante legal de otra Unión Temporal llamada “Energías de la Sierra Nevada”, en la que participó para implementar otro sistema de paneles solares en el municipio de Pueblo Bello.

Además, la Contraloría relaciona la empresa Diselectricos S.A.S en la que es representante legal como contratista de otros proyectos de energía solar en La Paz, Pueblo Bello y Agustín Codazzi, además de Becerril. En cada una con participación de entre 30 % y 40 % en los valores de los contratos. También está Esco-Compañía de Servicios Energéticos S.A.S., representada por Saúl Samuel Sandoval, con la que licitaron seis de estos contratos.

La empresa Baz Marine Services S.A. es otra de las que integran el cartel, pues participó también en seis de los nueve proyectos de energía solar en municipios PDET. Juan Pablo Ballestas Juliao, representante legal, aparece como representante del Grupo Baz Colombia, filial de Bazoil S.A., compañía panameña.

También perteneció a la empresa Blastinaval de México S.A. (ahora Blastinaval Colombia), empresa que terminó con “múltiples órdenes de embargo registradas en su calidad de contratista” cuando trabajó en alianza con Ecopetrol, según la Superintendencia de Sociedades.

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