Los enemigos del actual gobierno, con su oposición irracional y perversa, a todo lo que signifique desarrollo socioeconómico integral, le están demostrando a las mayorías nacionales, que son los enemigos del desarrollo nacional y del pueblo en general Legados presidenciales tvnoticiascol www.tvnoticias.com.co contratación pública Gustavo Petro Colombia

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Actualidad Columnistas

Por Marcos Silva Martínez.

Los enemigos del actual gobierno, con su oposición irracional y perversa, a todo lo que signifique desarrollo socioeconómico integral, le están demostrando a las mayorías nacionales, que son los enemigos del desarrollo nacional y del pueblo en general.

A toda costa y por todos los medios, quieren evitar la redistribución social del ingreso y el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos. 

Está probado universalmente, que el manejo económico y de la riqueza de las naciones, es una responsabilidad de especial trascendencia y responsabilidad, que no se le debe confiar solo a economistas, administradores, sociólogos, historiadores, abogados y filósofos, magos y adivinos. Es imperativo redefinir y reorientar el modelo económico-político y social de las naciones. A diario lo demuestran en Colombia los gremios económicos.

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Hasta el presente los gobiernos nacionales, han ejercido el poder, guiados por dogmas y con estructuras de poder, anquilosadas en modelos fracasados. Así garantizaron déficit fiscal crónico, desbalance comercial endémico y el endeudamiento público catastrófico.

Si no se revierten esas endémicas tendencias, se hacen inviable el desarrollo socioeconómico integral nacional. Eso es lo que buscan los contumaces e irracionales representantes de la oposición. Específicamente el URIBISMO.

La solución del problema exige imaginación, objetividad y análisis  de causas. Honestidad y pragmáticas soluciones.

La superación del laberinto socioeconómico de la nación, puede lograse en el mediano plazo, solo si aplican correctivos integrales, al modelo productivo-comercial y tributario, redefinen el régimen de contratación pública en términos de sustentabilidad de costos, priorización de proyectos, democratización de contratación. Es imperativo acabar con el flagelo de la corrupción. ¿Y entonces qué hacer?

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La contratación pública se convirtió en la vena rota del fisco; local, regional, nacional y descentralizado. Es obligación ética y moral rescatar la nación del dominio de los delincuentes camuflados y de la inmoralidad, mediocridad e impunidad jurídica.  

Los colombianos padecen la condena impuesta por todos los gobiernos, del endémico desempleo, subempleo e informalidad, criminalidad y pobreza y miseria seculares.

Todos ellos, son factores que reducen consumo, ingresos y empleo. Los gobiernos y sus áulicos y secuaces, los usan para justificar los engañosos subsidios (más de $100 billones/año), sin ninguna posibilidad de reducir y erradicar la pobreza. 

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Son realidades que deben ser objeto de análisis para lograr estructurar reformas económica-tributaria, sociales, de salud y educación que garantice mejorar ingresos individuales y colectivos, reduzcan el déficit fiscal, mejoren la balanza comercial y de pagos y reduzcan la deuda pública.

Las reformas deben contener decisiones para dinamización de la producción nacional, generar empleo e ingresos salariales, sustituir importaciones por producción nacional, especialmente en el sector agropecuario y ahorrar divisas.

Cada una de las problemáticas económicas públicas, tienen causas específicas. Entre otras: Un régimen impositivo aplicado a bienes y servicios, que recae sobre la clase media (asalariados) y de bajos ingresos (impuestos indirectos), con precario poder adquisitivo. Es un porcentaje muy alto comparado con el 33% promedio de la OCDE y las reales condiciones socioeconómicas y laborales de las mayorías nacionales.

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¿Esto no lo entienden o no quieren entenderlo los gremios económicos y financieros?

Las afirmaciones de que la tributación empresarial alcanza el 60%, es falaz, irresponsable, frente al conjunto de deducciones y exenciones vigentes y la endémica evasión. Bajo estas condiciones, la tasa de tributación empresarial y de grandes contribuyentes, no supera el 17% efectivo. Es plenamente demostrable.  

Estudios sobre el sistema tributario-fiscal colombiano señalan que, por deducciones, exenciones y evasión, el fisco deja de recaudar más de $70 billones anualmente.

Órganos de Control y Oneges han concluido que, en los últimos años, por corrupción, el estado colombiano pierde o le roban, más de $60 billones anuales. Además, se ha establecido que, en Colombia, la infraestructura pública puede costar 2, 3 y más veces de lo que cuesta en el resto de la región. Son grandes desafíos del nuevo gobierno, que requieren sensatez, conocimientos y decisiones drástica e inmediatas.

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Ahí están los talones de Aquiles de la economía oficial, socavada por la corrupción.  Suprimirlos es parte de la solución de la encrucijada socioeconómica-fiscal de la nación y es el mayor desafío para el gobierno del presidente PETRO. Él tiene oportunidad de corregirlo, por el bien general de los colombianos. Pero ante la cerril e irracional de los uribistas, en muchos casos, debe recurrir al Constituyente Primario. Las organizaciones sociales, deben abanderarse de ese propósito y objetivo y los ciudadanos de bien, deben movilizarse para apoyar ese objetivo.      

Las venas rotas que tiene el fisco, tanto en tributación como en contratación pública y manejo económico, pueden suturarse. Se requiere voluntad política y responsabilidad social, del gobierno y del órgano legislativo.

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Una reforma tributaria estructural debe establecer aumento sustancial de la tasa tributaria sobre capitales, impuestos sobre la tierra (catastro integral) y regalías de la industria extractiva. Debe complementarse, con severas y efectivas sanciones penales y económicas para los carteles de la contratación pública y la evasión. La Reforma Tributaria, ad portas de sanción presidencial, pudo ser más de fondo, bajo el racional principio de que el que más gana y/o más tiene, debe pagar más.

Las cuantías que señalan los órganos de Control e investigadores, que pierde el estado, por contratación irregular y corrupción, no corresponden solo a los hallazgos escuetos de las investigaciones. Incluyen también: sobrecostos por imprevisiones, deficientes diseños, desproporcionados costos unitarios aceptados (interventorías), mala calidad de obras e inconclusas, entre otros.

La ausencia de estudios y diseños y de detalles, previos a la contratación, se convirtió en práctica común en los últimos 30 años, especialmente en concesiones viales, 4G y APP.

Se debe prohibir la contratación sin estudios y diseños y reestructurar el sistema de concesiones.

El modelo de contratación de obras e interventoría y la deficiente supervisión técnico-financiera vigentes, facilita las prácticas corruptas. Es imperativo corregirlo.

El marco legal que rija la contratación pública, debe ser obligatorio para toda entidad que maneje recursos públicos. Deben erradicarse los convenios interadministrativos.

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El actual gobierno, mediante autorización del congreso y/o mediante convocatoria al Constituyente Primario, puede adoptar en poco tiempo, un Estatuto de la Contratación pública, que contenga criterios y definiciones, capaces de cortar de tajo a los corruptos y taponar el desangre del presupuesto público. Si el Congreso, torpedea el propósito, el presidente Petro, debe lograr ese objetivo, mediante el Constituyente Primario.

Con la composición del actual Congreso, no nos podemos hacer ilusiones.

El elector honesto y responsable debe ser consciente de esa incuestionable realidad y por eso debe estar siempre dispuesto a apoyar al gobierno del presidente Petro, públicamente, cuantas veces se requiera. Pensemos que el conformismo y sumisión, compromete negativamente el futuro de la nación, en todos los sentidos.

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