LA HOJA DE RUTA DEL GOBIERNO

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Por: Carlos Tobar

Cada año, por estas calendas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo –MFMP, documento en el que consigna las metas macroeconómicas y fiscales del gobierno para los próximos 10 años. Es un documento muy importante, sobre todo porque los analistas de la economía, empezando por las calificadoras de riesgo –los perros guardianes de los intereses del gran capital–, revisan la consistencia de las políticas oficiales en temas de ingresos, gastos y compromisos financieros.

Lo primero por decir, es que el presentado por el gobierno Duque, tiene las mismas características de los formulados por los anteriores gobiernos. Es decir, es la continuación de lo propuesto por el gobierno Santos, (de quién dicen diferenciarse tanto), o del de Uribe, (casi que una fotocopia hasta en la forma), en cuyo gobierno se implementó esta obligación, mediante la ley 819 de 2003, sugerida por el Fondo Monetario Internacional.

Digo esto, porque no hay que llamarse a engaño. La política macroeconómica y fiscal de los gobiernos de las élites colombianas tienen un claro sesgo a favor del capital financiero y los grandes monopolios. Y, abiertamente en contra de los intereses de los empresarios nacionales no monopolistas, pero, sobre todo, de las clases del trabajo.

El primer supuesto (heroico, lo llamamos los economistas cuando es una proposición absurda sin asidero en la realidad), es que la economía colombiana va a crecer en todos los años del gobierno Duque, por encima de los promedios de los años recientes así: 2019, 3.6%; y 2020, 2021, 2022, 4% o más.

El reciente rifirrafe con el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, se debió a su afirmación de que la economía estaba estancada, tanto que el crecimiento esperado para este año, si acaso bordearía el 2.6%. La rabia del gobierno, radicaba en que tal afirmación echaba al cesto de la basura el MFMP.

Sin un crecimiento sustancial, es imposible cumplir con las metas propuestas, porque con la reducción de impuestos a las grandes empresas aprobada en la ley de (des)financiamiento, sino crece la economía no habrá en consecuencia mayores ingresos.

Conscientes de que va a ser así, la propuesta complementaria es una reducción sustancial del gasto público. Que lógicamente no será el asignado para el soporte de los grandes negocios. Se recortarán lo presupuestado para inversión social: salud, educación, subsidios a la pobreza (ya se habla del SISBEN IV, que es la reducción de familias en acción), subsidios al consumo de energía, agua.

Para cuadrar los faltantes el gobierno propone la venta de activos importantes de propiedad de la nación: la venta de la participación en ISA, otro porcentaje de ECOPETROL, la venta de CENIT, subsidiaria de ECOPETROL y propietaria de los oleoductos, y la venta de la participación en las electrificadoras regionales, incluyendo ELECTROHUILA: ¡se venden la nevera y la estufa para comprar alimentos!

Definitivamente, este gobierno pinta ser otra estafa para las mayorías nacionales.

 

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