Neiva Huila Colombia La encrucijada colombiana concesiones viales interventorias reforma tributaria estructural catastro integral Órganos de Control OCDE déficit fiscal www.tvnoticias.com.co Déficit fiscal Endeudamiento público Corrupción Populismo Subdesarrollo

La encrucijada colombiana

Actualidad Columnistas

Ese enredo lo tipifican: Déficit fiscal, Endeudamiento público, Corrupción, Populismo y Subdesarrollo

Por Marcos Silva Martínez.

Hay consenso en que la estructuración del manejo y la distribución de la riqueza de las naciones es demasiado importante para confiarlo solo a economistas, sociólogos, historiadores, abogados, políticos, filósofos y poetas.

El gobierno anunció nueva reforma tributaria, que se prevé antisocial. La reforma tributaria debe ser estructural y fundamentada en la equidad socioeconómica, la justicia social y el desarrollo integral nacional.

El déficit fiscal y de balanza de pagos y el endeudamiento público, desde hace varios años crece continuamente e impide el desarrollo socioeconómico integral nacional. Sus efectos se catapultarán, con el incremento de la deuda pública y la recesión económica, estimuladas por la pandemia.

La solución del problema exige imaginación, objetividad en el análisis de causas y factibles soluciones, no recetarios desarticulados con la realidad nacional. 

La solución puede lograse en el mediano plazo, solo si aplican correctivos al modelo productivo-comercial y tributario, redefinen el régimen de contratación pública en términos de racionalidad de costos, priorización de proyectos, democratización de contratación y acaban con el flagelo de la corrupción. No hay otras vías. 

La contratación pública se convirtió en la vena rota del fisco; local, regional, nacional y descentralizado. Es obligación ética y moral rescatarla del dominio de los delincuentes de cuello blanco.

Indicadores socioeconómicos nacionales, demuestran endémico desempleo, subempleo e informalidad. Son factores que reducen consumo, potencial tributario y sirven para justificar altos volúmenes de subsidios populistas (más de $90 billones/año). Son realidades que deben ser objeto de análisis minucioso y constructivo, para lograr estructurar una reforma tributaria que garantice mejorar ingresos fiscales, reducir déficit fiscal, balanza de pagos y deuda pública.

Las reformas deben contener decisiones sobre la dinamización de la producción nacional dirigidas a generar empleo e ingresos salariales, sustituir importaciones por producción nacional, especialmente en el sector agropecuario y ahorrar divisas.

Cada una de las problemáticas económicas públicas, tienen causas específicas. El déficit fiscal que presiona el endeudamiento público, externo e interno, lo determinan entre otros:

Un régimen impositivo aplicado a bienes y servicios, que realmente recae mayoritariamente sobre la clase media (asalariados) y de bajos ingresos (impuestos indirectos), con precario poder adquisitivo. Ese recaudo implica un porcentaje muy alto comparado con el 33% promedio de la OCDE y las reales condiciones socioeconómicas y laborales de las mayorías nacionales.

Las afirmaciones de que la tributación empresarial alcanza el 60%, es una falacia insostenible frente al conjunto de deducciones, exenciones y elución reales y la endémica evasión. Bajo esas condiciones, la tasa de tributación empresarial y de grandes contribuyentes, no supera el 17% efectivo. Diversas investigaciones lo demuestran. 

Estudios sobre el sistema tributario-fiscal colombiano señalan que, por deducciones, exenciones y evasión, el fisco deja de recaudar más de $40 billones anualmente.

Órganos de Control y Oneges han concluido que, en los últimos años, por corrupción, el estado colombiano pierde o le roban, más de $50 billones anuales. Además, se ha establecido que, en Colombia, la infraestructura pública puede costar entre 2 y tres veces lo que cuesta en el resto de la región.

Ahí están los talones de Aquiles. Suprimirlos es parte de la solución de la encrucijada socioeconómica-fiscal de la nación. Si los suprimen, no se requieren más reformas tributarias. Así lo deben entender, gobierno y congreso.

Las venas rotas que tiene el fisco, pueden suturarse. Se requiere voluntad política del gobierno y del órgano legislativo.

Una reforma tributaria estructural debe establecer aumento sustancial de la tasa tributaria sobre capitales y patrimonio, especialmente impuestos sobre la tierra (catastro integral) y regalías de la industria extractiva. Debe complementarse, con severas y efectivas sanciones penales y económicas para los carteles de la contratación pública.

Las cuantías que señalan los órganos de Control, que pierde el estado, por contratación irregular, no corresponden solo a los hallazgos escuetos de las investigaciones. Incluyen también: sobrecostos por imprevisiones y deficientes diseños, costos unitarios exorbitantes aceptados (interventorías), mala calidad de obras e inconclusas, entre otros.     

La ausencia de estudios y diseños previos a la contratación, se convirtió en práctica común en los últimos años, especialmente en concesiones viales, 4G y APP.

Debe prohibirse la contratación sin estudios y diseños y diseños de detalle.

La ausencia de estudios y diseños detallados, previos a la contratación, impiden; el análisis técnico y de costos reales confiables, exploración y adopción de alternativas, previsión de potenciales riesgos, definición de especificaciones, cuantificación de cantidades y análisis de costos unitarios, acordes con las condiciones de cada proyecto. Son prácticas que catapultan el costo de obras.

El modelo de contratación de obras e interventoría y la deficiente supervisión técnico-financiera vigentes, facilita las prácticas corruptas. Es imperativo corregirlo.

El marco legal que rija la contratación pública, debe ser obligatorio para toda entidad que maneje recursos públicos. 

Es posible reestructurar a fondo, la contratación pública. Debe contener sanciones, tanto para el contratista como para el funcionario público que viole las disposiciones legales sobre contratación. Debe excluir de la contratación y el servicio público indefinidamente y perdida de todo el patrimonio de quienes resulten responsables de corrupción.

El actual gobierno, mediante autorización del congreso, puede adoptar en poco tiempo, un estatuto de la contratación pública, que contenga criterios y definiciones, capaces de cortar de tajo a los corruptos y taponar el desangre del presupuesto público.

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

siete − 6 =