En el equipo del nuevo gobierno, aparecen ilusos, despistados y ridículos jefes, investidos de poder, anunciando soluciones ridículas, como lo acaban de hacer los ministros de Justicia y el de Transporte y Vías Las respuestas y actitud de los gobiernos, ante la magnitud del desastre material, administrativo, institucional, ético, moral y social, son ridículas. No corresponden a la magnitud del flagelo y la evidencia de la amenaza Inseguridad - www.tvnoticias.com.co tvnoticiascol

Inseguridad

Actualidad Columnistas

Por Marcos Silva Martínez.

Las respuestas y actitud de los gobiernos, ante la magnitud del desastre material, administrativo, institucional, ético, moral y social, son ridículas. No corresponden a la magnitud del flagelo y la evidencia de la amenaza. 

En el equipo del nuevo gobierno, aparecen ilusos, despistados y ridículos jefes, investidos de poder, anunciando soluciones ridículas, como lo acaban de hacer los ministros de Justicia y el de Transporte y Vías.

Le puede interesar: Clima sequía, inundaciones y supervivencia

Se equivocó el Presidente Petro. Lo reprobable no es la equivocación per se. Lo reprobable esta en mantenerse en el error. 

La inseguridad y criminalidad arraigadas en Colombia, para erradicarlas se requieren políticas de Estado integrales, que garanticen poder atacar y erradicar todas las causas que originaron, mantienen y profundizan, cada uno de los focos de generación y acción de la criminalidad.

Dichas causas son de orden económico, jurídico, educacional, laboral, operativo e institucional. Colombia requiere reconstrucción total e integral.

El modelo económico-político dominante, la politiquería, el clientelismo, crearon y mantienen un régimen público administrativo, favorable a la descomposición social y degradación moral individual y colectiva. El tiempo ha demostrado que la concentración de la riqueza, la criminalidad, la segregación y la inseguridad se agudiza con gobernantes de derecha y extrema derecha, representantes de las viejas castas politiqueras, de los gremios económicos y del capital, en general.

De interés: Colombia: Democracia de papel realidades incógnitas y perspectivas

La laxitud e incoherencia del ordenamiento político-jurídico y económico, propician y cultivan la laxitud institucional, frente a los desafíos del ordenamiento legal y los requerimientos por la gravedad de la amenaza criminal y la corrupción.

Por lo tanto, remover y corregir todo lo que generaron las causas del desastre nacional, exige cambios integrales en todas las estructuras de poder público, del modelo económico-político, del marco legal y procedimental que define y regula el ejercicio del poder público.   

Los gobiernos tienen la responsabilidad legal de garantizar la seguridad ciudadana. Organizaciones internacionales por la defensa de los derechos civiles y transparencia de la justicia, reiteradamente señalan el crecimiento de la criminalidad y la impunidad en Colombia. Precisan que la impunidad supera el 97%. Estadísticas verificables, ubica a Colombia entre las cuatro naciones con mayor criminalidad e inseguridad ciudadana, en el planeta, mientras sostiene el gasto militar más alto, en términos del PIB (mayor al 6%). Esto es aberrante.

Leer: Deplorable legado a los colombianos

Colombia gasta más de $120.000 millones diarios en su aparato militar, policial y de inteligencia, sin incluir inversiones en equipamiento y crecimiento de pie de fuerza, pago de recompensas a delatores y hasta a aliados criminales, en no pocos casos. Más del 12% del presupuesto de 2.022. ¿Es el costo de no garantizar la inseguridad?

Hay más de 1.7 millones de armas de fuego legalizadas, en manos de civiles. Es un negocio.  Por cada arma con salvoconducto hay 6 ilegales. Promedio de una por cada 6 habitantes, sin control efectivo, por parte del gobierno. Pero el gobierno y el negocio militar, se niegan al desarme de civiles.

El dantesco panorama de inseguridad ciudadana y corrupción que azota a Colombia, puede controlarse y erradicarse, si hay voluntad política y responsabilidad ética, social y moral de los gobernantes y coherencia social.

Alternativa

La situación colombiana exige y justifica decretar la emergencia nacional por inseguridad ciudadana. Esta debe decretarse y debe consistir, mínimo en el siguiente ordenamiento:

1.-Prohibir el porte de todo tipo de armas blancas y de fuego en todo el territorio nacional, aún si tiene salvoconducto.

2.-El desacato del porte de armas, sin excepción, debe sancionarse con 3 años mínimo, de detención inconmutable en recinto carcelario, si no tiene antecedentes delincuenciales o más, si tiene antecedentes.

Le puede interesar: Desigualdad social e inequidad económica

3.-Toda acción realizada por terceros contra la integridad física del ciudadano o de sus bienes, tiene que ser respondida, por parte de los jueces, con solo la versión de los hechos, por parte de la víctima, de la autoridad correspondiente o de terceros testigos, con detención intramural, mínimo por cuatro años, si no tiene antecedentes judiciales y más, según la gravedad del daño ocasionado y la reincidencia en el delito.

4.-Los organismos de seguridad; ejército, policía, armada y fuerza aérea, deben hacer requisas en todas las vías de la geografía nacional y lugares donde puede acampar el delincuente, las 24 horas de los 365 días del año, para hacer cumplir lo ordenado en la declaración de la Emergencia Nacional por Inseguridad Ciudadana.

De interés: Desafíos ambientales del próximo gobierno

5.-El gobierno debe ordenar y financiar la construcción de centros de reclusión, en cantidad que cuadruplique la capacidad de reclusión carcelaria presente, en cada capital de departamento, con infraestructura con costo no superior a $800.000 por metro cuadrado construido. Ese costo es posible, para garantizar máxima seguridad y servicios básico, higiénicos y de salubridad. ¿La corrupción no lo permite?

6.-Daecretar específicas y concretas medidas legales para controlar y sancionar a jueces y abogados litigantes, que pretendan ponerle conejo al ordenamiento legal vigente, para garantizar aplicación honesta de las normas jurídica y garantizar seguridad al ciudadano. En estos casos, las sanciones a jueces y litigantes deben consistir en: la destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargo público, en el caso de los jueces y del ejercicio de la profesión de abogado litigante, inhabilidad para ejercer la profesión, por el resto de sus vidas.  Son entre otros, planteamientos e interpretación de la problemática de inseguridad nacional.

Leer: Tratado de libre comercio

Giro de 180 grados 

Superar las causas que originaron la problemática de inseguridad ciudadana, demanda toda una revolución jurídico-legal, socioeconómica e institucional y darle un vuelco de 180 grados al modelo económico-político vigente, que los gobiernos y el poder económico-político, han auspiciado y tolerado durante más de doscientos años de vida independiente.

Debe comenzar por dinamizar la economía con aplicación de conocimientos, ciencia y tecnología de punta y definir políticas y metas de sustitución de importaciones por producción nacional, esos mismos que se producían antes de la desafortunada e irresponsable Apertura Económica, impuesta por el poder económico mundial y los secuaces gobernantes colombianos.

Le puede interesar: Desafíos y oportunidades

Demanda redefinir la formación académica, de manera que se articule con los adelantos del conocimiento y las tecnologías y las pertinencias específicas de la nación y el entorno global. la solución de la inseguridad, demanda equidad socioeconómica y esta, debe corresponder con generación de empleo racionalmente pagado, con lo que se estimula el consumo y la economía en general. 

El desafío, de cambiar la inseguridad por seguridad general, es cósmico. Requiere de decisiones concretas, normas legales y procedimientos permanentes eficaces. Se requiere quién las haga cumplir. Exige cortar privilegios rentísticos, politiqueros y de conveniencia de los usufructuarios del poder. Es el meollo del problema y por eso no hay solución.

De interés: Conflicto socioeconómico, perspectivas de solución y poder

Se requiere que el régimen que gobierna, crea y actúe consciente y responsablemente.   Que crea en los efectos del desempleo, la marginalidad, la pésima educación. Esos son el caldo de cultivo de todo lo que se relaciona con la inseguridad de los ciudadanos.

Con la estructura de poder legal del régimen imperante hasta el presente, es imposible garantizar seguridad y justicia y derrotar la corrupción y la mediocridad burocrática.

No hay seguridad, donde centenares de ciudadanos son víctimas del atraco, el raponazo, el fleteo, la extorsión y el chantaje y desaparición. Donde hay más de cinco mil niños que mueren anualmente por desnutrición o enfermedades asociadas y más de 40% de la población, padece algún nivel de desnutrición y limitaciones al acceso a la salud y más del 60% sufre la informalidad y el desempleo.

Leer: Desastre socioeconómico – político y social nacional 

No hay seguridad donde los organismos del estado, cuya función es la seguridad ciudadana, recurren al crimen, para mostrar resultados y donde la misma autoridad puede ser perseguida por organismos del estado, bajo el ropaje de acciones de inteligencia y contrainteligencia y donde la brecha entre pobres y ricos es cada día más amplia y se concentra más la riqueza, cada día.

Comentarios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

18 + 12 =