constituyente Colombia No hay voluntad política ni responsabilidad social de los gobernantes para ejercer la función pública, para beneficiar a todos los ciudadanos. Por el contrario, lo que prospera y prevalece en Colombia es la inequidad socioeconómica, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la criminalidad y la impunidad Colombia acumula más de 200 años de supuesta vida independiente, democrática y soberana.  Pero, hasta hoy, nunca ha logrado estructurar un sistema de gobierno, una institucionalidad, una organización política y un marco legal, capaces de garantizar alcanzar niveles de desarrollo efectivo integral de la nación, con equidad socioeconómica tvnoticiascol www.tvnoticias.com.co Desigualdad social e inequidad económica

Desigualdad social e inequidad económica

Actualidad Columnistas

Por Marcos Silva Martínez – Ingeniero Civil

Sugerencias al próximo gobierno

Colombia acumula más de 200 años de supuesta vida independiente, democrática y soberana.  Pero, hasta hoy, nunca ha logrado estructurar un sistema de gobierno, una institucionalidad, una organización política y un marco legal, capaces de garantizar alcanzar niveles de desarrollo efectivo integral de la nación, con equidad socioeconómica.

Los resultados socio-económicos, del desarrollo intelectual, tecnológico, científico, industrial y comercial, durante más de 200 años, de ejercicio del poder político-administrativo e institucional, a nivel municipal, departamental y nacional, son desastrosos. Domina la mediocridad.

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No hay voluntad política ni responsabilidad social de los gobernantes para ejercer la función pública, para beneficiar a todos los ciudadanos. Por el contrario, lo que prospera y prevalece en Colombia es la inequidad socioeconómica, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la criminalidad y la impunidad. 

De acuerdo con el discurso de campaña de los candidatos y posteriores gobernantes, prometen solución a toda la problemática nacional. Sin embargo, durante los tantos años de ejercicio de poder, los problemas han crecido y se han agudizado. 

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La corrupción, la anarquía y caos institucional se catapultaron en los últimos treinta años de la vigencia de la actual constitución.

El desgobierno es galopante en lo municipal, departamental y nacional. La corrupción y la impunidad se tornaron incontenibles y son   grave amenaza nacional en el presente y para las generaciones futuras.

Sin profundas, radicales e integrales reformas institucionales y de toda la normatividad legal vigente, incluidas drásticas normas legales y procedimentales, para contener y erradicar la corrupción, el declive ético y moral del poder en Colombia, alcanzará niveles de anarquía total.

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Bajo esas perspectivas sombrías, los ciudadanos debemos reaccionar y debemos buscar e identificar las causas del desastre nacional. El elector, a través de su voto, puede contribuir eficazmente para lograr las transformaciones y especificidades del ordenamiento legal que requiere un positivo ejercicio del poder.

La certidumbre de este imperativo moral y social, debe obligarnos a conocer y entender el populismo e incoherencia de los diversos candidatos, y de esa manera, no equivocarnos al seleccionar por quién votar.

La decisión del Constituyente Primario, considero, es la única vía, para lograr institucionalizar equidad y racionalidad pensional y salarial y equidad socioeconómica.

El análisis crítico independiente, de la situación general de la nación y mis convicciones de los deberes de cada persona como ser social, me obligan a presentar al lector, en el presente documento, algunas propuestas sobre cambios urgentes que deben practicarse en y para el ejercicio del poder público, en Colombia. Entre otros:

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Estas reformas, si se considera imposible lograrlas a través del Congreso, pueden lograrse a través del constituyente primario.

Puede ser mediante un referendo, plebiscito o consulta popular, el que resulte más viable y rápido. Es la mejor vía para poner fin a la inequidad salarial y pensional, presentes. 

Si el Congreso, en el próximo cuatrienio, es incapaz de aprobarlas, el Constituyente Primario, mediante el uso de recursos constitucionales vigentes, debe ordenar que:

1.-En Colombia, en todo el sector público, a partir de la aprobación del referendo o plebiscito, por concepto de salario y complementarios, ninguna entidad pública o mixta puede pagar a trabajador o prestador de servicios, por concepto de salarios y complementarios, más de 15 salarios mínimos mensuales. 

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2-En Colombia, en el sector público Oficial, a partir de la aprobación del referendo o plebiscito, nadie tiene derecho a devengar y recibir más de 8 salarios mínimos mensuales, por concepto de pensión y complementarios y en todos los casos, la liquidación de toda pensión tiene que hacerse con base en el salario básico mensual, únicamente.

3-Ordenar que todo colombiano en estado de invalidez económica, enfermedad y/o abandono familiar, a partir de los 65 años, tiene derecho a recibir del Estado, una pensión mensual permanente de un salario mínimo mensual, sin derecho a sucesión pensional.

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4.-Ordenar que el Salario Mínimo, a partir del primero de enero de 2023, se tiene que incrementar porcentualmente, durante los cuatro años siguientes a la declaratoria de vigencia del presente ordenamiento del Constituyente Primario, hasta alcanzar el valor de la Canasta Básica Familiar Oficial y que, a partir de esa cuantía, el salario mínimo tiene que incrementarse anualmente, en igual porcentaje al del crecimiento de la Canasta Básica Familiar Oficial, de cada año.

5.-Ordenar que el ingreso a la función pública, como funcionario del estado de nómina o por contrato de prestación de servicios, siempre corresponda a selección por concurso público de conocimientos, realizado únicamente por una de las dos universidades públicas mejor ubicadas en el último Ranking mundial de universidades, y que para poder concursar, debe demostrar que su formación académica es directamente afín con las funciones que debe desarrollar o ejercer, en el cargo para el cual concursa. En todos los casos, las vacantes deben cubrirse mediante selección estricta, en orden descendente, a partir del mayor puntaje obtenido en el correspondiente concurso y listado de elegibles.

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6.-La selección de funcionarios de libre nombramiento y remoción, como ministros, magistrados, diplomáticos y similares, en lo nacional, departamental y municipal, tiene que hacerse siempre acatando el criterio de que el candidato y/o seleccionado, debe demostrar que su formación académica es directamente afín con las funciones del cargo para el cual aspira y/o es designado o elegido y no registrar antecedentes disciplinarios, fiscales o penales.  

7.-Ordenar que todo lo ordenado en las precedentes decisiones del Constituyente Primario, solo pueden derogarse o modificarse mediante consulta directa, al Constituyente Primario. 

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La decisión del Constituyente Primario, considero, es la única vía, para lograr institucionalizar equidad y racionalidad pensional y salarial y equidad socioeconómica.

Se puede prever que, al someter a aprobación del Congreso, los contenidos y alcances de los planteamientos hechos en el presente escrito, resulte demasiado difíciles lograr aprobación, sin modificaciones en los términos y alcances en que se plantean.

Los intereses en juego son demasiados y al mismo tiempo, quedan sometidos al vaivén de los intereses del Órgano de revisión constitucional, que puede lograr hasta desvirtuar y/o reducir los alcances, bajo socorridos argumentos de derechos adquiridos. Con el Constituyente primario se elimina ese problema.

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