DERECHO Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Actualidad Política / Judicial

Por Marcos Silva Martínez.

Los efectos de la protesta,  directos y colaterales, son de responsabilidad del gobierno. Es el único recurso que le queda al pueblo, para exigir cumplimiento de los derechos sociales.

Los  denominados gremios económicos ya se solidarizaron con  el Sr. Duque. Ellos  fueron los cruzados para su elección y por eso don Guillermo es el ministro de Defensa.

Paro y  protesta,  el gobierno debería interpretarlos como  justo reclamos de derechos. Diversas  organizaciones sociales, nacionales e internacionales, señalan el abandono del Estado de diversas regiones nacionales y sus consecuencias.

Quienes protestan   tienen legítimos y legales derechos de exigir protección y cumplimiento de deberes, del Estado-Gobierno.

El problema del abandono y de la protesta social, no se resuelve ni con paños de agua tibia, ni satanizando a los reclamantes,   con la supuesta infiltración de movimientos al margen de la ley. Es el pretexto  de siempre, para justificar la represión, judicialización y encarcelamiento de valientes ciudadanos que asumen el derecho de exigir lo que el estado les debe y niega.   El problema no se resuelve con simples promesas o subsidios temporales.

El problema lo generaron,   las políticas de acaparamiento y uso de la tierra, la imposición de irresponsables tratados comerciales internacionales, la inasistencia técnica, los especulativos costos de insumos, la anarquía en intermediación comercial, la precaria transformación y procesamiento de productos y políticas de mercadeo, los costos del crédito,  del transporte y los combustibles,  entre otros. En síntesis: la irresponsabilidad política y social del poder.

La crisis no es imputable a esos 15 o más  millones de compatriotas relegados, por las políticas del estado y condenados a sobrevivir en minifundios  de alta pendiente y deficientes, en los que no pueden lograr rendimientos de cosecha costeables y aceptables.

El problema deviene de las políticas irresponsables y antisociales del régimen, que ha permitido la concentración de las mejores tierras en pocos propietarios y el desplazamiento de las mayorías campesinas a terrenos no aptos para producir y competir, con  productos importados de países donde  productores agrarios  disponen de buenas tierras,  subsidios de producción permanentes y seguros de cosecha.

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La firma del Consenso de Washington (1989), impuso la irresponsable apertura económica, aceptada incondicionalmente por gobiernos sumisos al poder del capital global y nacional. Con la apertura económica de los años 90, comenzó la agonía del sector agropecuario de pequeños productores. Comenzó  a crecer la importación de alimentos, hasta superar los 15 millones de toneladas en 2018.

El milagro diabólico: Colombia importa más de 98% del trigo que  consume, más del 80% de lenteja y cebada, más de 5 millones de toneladas de maíz.  Importa  arveja,  frijol, plátano y otros, variados productos procesados y semiprosesados. La reducción y desmantelamiento de la producción nacional, produjo desempleó,  agudización del empobrecimiento rural y desplazamiento de campesinos pobres hacia la ciudad, con las correspondientes consecuencias socio-económicas.

Es lo que deben entender, el  gobierno, los gremios económicos y terratenientes, para que de  la respuesta a la protesta popular  sea acorde con la realidad nacional.

Las causas del problema agrario son identificables, cuantificables y  reales.  Pero,  son solucionables con voluntad y responsabilidad política y criterio sensato de soberanía nacional.

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No debemos confundir el sector agropecuario, de los ricos, poseedores de capital, tecnología y suelos mecanizables, de alta calidad y fácil dotación de riego, con el de  pobres campesinos que protestan,  productores de hortalizas, legumbres, frutas  y demás productos de pan coger. En esta categoría están  los minifundistas productores de café, que son más del 70%, de los cafeteros.

La solución del problema, es parte integral del supuesto propósito de construcción de condiciones de paz social y solución del conflicto socioeconómico nacional, que la derecha, extrema derecha y en particular el uribismo se propone hacer trizas.  Y el conflicto no se soluciona con amenazas, con gases lacrimógenos, con sindicaciones peregrinas o simples promesas que no tienen el propósito de cumplir, como las incumplidas siempre, en  anteriores  acuerdos.

El problema de la injusticia social, de la inequidad socioeconómica, el abandono oficial, la pobreza y la miseria, nos debe preocupar a todo ciudadano consciente y responsable.

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