Corrupción e impunidad, se convirtieron en singulares instrumentos de sostenibilidad del régimen y de acumulación de riqueza, para empresarios, terratenientes, gremios económicos, politiqueros y delincuentes de cuello blanco.

Corrupción, impunidad y oposición, inviabilizan el desarrollo nacional

Actualidad Columnistas

Por Marcos Silva Martínez

Corrupción e impunidad, se convirtieron en singulares instrumentos de sostenibilidad del régimen y de acumulación de riqueza, para empresarios, terratenientes, gremios económicos, politiqueros y delincuentes de cuello blanco. 

Solo después de doscientos años, de aparente democracia electoral, al servicio de élites, del capital y dominio de élites, del poder político y económico, fue posible la elección de un presidente de la izquierda, con visión socioeconómica, contraria a la miopía, mezquindad y precariedad mental, de los sistemáticos usufructuarios del poder.

Es una fatalidad nacional, casi insuperable, solo con el cambio de gobierno. Los enemigos del desarrollo nacional y de los derechos de las mayorías, está ahí, activos y desafiantes contra todo lo que signifique mejoras socioeconómicas para el pueblo y amenace sus mezquinos intereses.

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Contra la reforma tributaria, entre otras, que en esencia procura mejorar la equidad socioeconómica nacional, son implacables. El diabólico uribismo, los gremios económicos y sus lacayos que los representan, desde la ANDI, ANIF, FENALCO, FEDESARROLLO, entre otros. En todos los casos, sin fundamentos sostenibles y demostrables, diferentes a que tácitamente detestan el desarrollo nacional, y que la equidad socioeconómica les importa nada. El único sentido de la existencia y sus objetivos, para esos gremios y sus representantes, está en ganar, ganar, acumular y oponerse al desarrollo nacional con equidad socioeconómica.  

Corrupción e impunidad, se convirtieron en singulares instrumentos de sostenibilidad del régimen y de acumulación de riqueza, para empresarios, terratenientes, gremios económicos, politiqueros y delincuentes de cuello blanco.
LSolo después de doscientos años, de aparente democracia electoral, al servicio de élites, del capital y dominio de élites, del poder político y económico, fue posible la elección de un presidente de la izquierda, con visión socioeconómica, contraria a la miopía, mezquindad y precariedad mental, de los sistemáticos usufructuarios del poder.

La elección del nuevo presidente, no significa que la izquierda llegó al poder. Solo al órgano de poder ejecutivo, al gobierno. Debemos entenderlo así. Y ahí está la dificultad para ejercer el poder para desarrollar programas socioeconómicos integrales, requeridos para la reconstrucción de Colombia.

Y esa la razón de las alianzas, hasta con el diabólico uribismo, para tratar de crear condiciones para desarrollar su plan y su objetivo de gobierno. Pero son alianzas costosas y riesgosas, política y socialmente.

Las alianzas con el variopinto Congreso y las cuotas en pago, a oportunistas de la vieja política, impiden lograr la aprobación de un programa de gobierno, cuyo contenidos y alcances, viabilicen un desarrollo económico, que garantice poder construir equidad socioeconómica, para beneficio de todos y superar el secular atraso nacional, económico, intelectual, tecnológico, industrial y comercial.

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El flagelo de la corrupción, es una talanquera que obstruye e impide el desarrollo integral que necesita la nación.

Es posible, desde el punto de vista operativo institucional legal, estructurar instrumentos y procedimientos legales para derrotar la corrupción, en el corto y mediano plazo. Pero ese propósito, se enfrenta al trámite de leyes o a las existentes que lo dificultan. Y entonces tienen que contar con la aprobación del Legislativo y el Constitucional. Los dos últimos, están dominados por la vieja politiquería, soportados en un marco jurídico acorde con la vieja política y permeados por la corrupción. Esta percepción la estamos observando en los debates en el congreso y la oposición de los enemigos del cambio.

Son factores que impiden tomar medidas capaces de erradicar el flagelo de la corrupción, optimizar la estructura democrática, en todos los sectores del poder público y en particular en el manejo económico de las riquezas de la nación. 

La contratación pública es la vena rota de los recursos públicos y el cáncer de la justicia institucional y al mismo tiempo, garante de impunidad y laxitud cómplice.

En términos de impunidad: los resultados de las investigaciones de delitos, son ridículos, en todos los órganos de poder, control e investigativos. Un solo caso:

¿Por qué no pudieron, durante más de 20 años de supuestas investigaciones, identificar, procesar y condenar a los responsables de los falsos positivos, los desfalcos de la salud, de los bienes incautados a narcotraficantes, entre muchos otros casos?

En ese campo la JEP, en poco tiempo, avanzó hasta identificar a más de 6.402 falsos positivos y en forma amplia, focalizar responsables.

Los gestores y responsables intelectuales, militares y civiles, de la mayoría de esos crímenes, siguen libres. Presidente, Ministros, altos mandos, contratistas, concesionarios, etc., con la complicidad de la justicia cómplices de todas las calañas, que persisten en blindarlos ante la concupiscente justicia ordinaria y militar, para garantizar el contubernio de solidaridad de cuerpo y   total impunidad. Son los fundamentos de la criminalidad, que, como epidemia incontrolable, se extiende por toda la nación.

Durante los ocho años, del gobierno del diabólico Uribe, los ocho años de Santos y los cuatro años de Duque, crecieron exuberantes, la corrupción y la impunidad, en general. De   los pocos hechos investigados, la mayoría están amparados por la modorra e ineficacia calculada de los órganos de control, Fiscalía, procuraduría y judicial, en espera de la consabida, preclusión, prescripción, la coima o cabildeo del comandante o politiquero. Muchos actos corruptos, están bajo el amparo de la impunidad absoluta.

Y el nuevo gobierno, de izquierda, muy poco puede hacer para revertir las tendencias, sesgos y compromisos de esos órganos de poder.   

Muchos ciudadanos, desconocen la magnitud, diversidad y gravedad, de los hechos. La sociedad se habituó a convivir con la corrupción, la venalidad, el caos y la anarquía en el ejercicio de la administración pública. Organizaciones económicas, sociales, políticas partidistas y candidatos, generalmente evitan ocuparse del desastre moral, político y social, por los dividendos que pueden lograr de la politiquería y usufructuarios del Régimen.

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Y por eso, unos pocos delincuentes perfumados, pueden apoderarse de los recursos públicos. En Neiva y el Huila, hay casos a porrillo. Acueducto, red vial, tratamiento de aguas servidas, manejo de basuras, salud, educación, deportes, placa huellas, empresas públicas, y la corona del desastre actual de Neiva.  La alcaldía de Neiva, sometida a un cínico destructor del patrimonio público, a la sombra de las gabelas que le garantiza la justicia. La justicia no ha sido capaz de ponerlo a buen recaudo penitenciario, a pesar de las abultadas cargas de las pruebas y conciertos de delitos probados por los fiscales.

El concejo de la ciudad, a pesar del peligro que representa el alcalde, para la sociedad neivana, continúa dándole juego, ni exigirle rinda cuentas por el crédito de $60.000 millones que le autorizó.

Proliferan los carruseles de corruptos disfrazados o encubiertos: De jueces y abogados (el cartel de la toga y anticorrupción). De la contratación pública, diseminados por toda la nación. De la salud y los medicamentos.  De la tercerización laboral, etc. Los reglamentos jurídicos, para el procesamiento de delincuentes, entre ellos los de cuello blanco, están plagados de gabelas favorables al delincuente. 

¿Quién aprueba los reglamentos jurídicos y designa sus intérpretes y ejecutores? La politiquería, el clientelismo, la mediocridad y la corrupción.

Para desmontar el conflicto, la corrupción, la impunidad, la injusticia social, la inequidad socioeconómica, alcanzar aceptables niveles desarrollo integral nacional y construir paz, hay que superar las causas que generan la desbocada corrupción e inmoralidad institucional y social. Se deben superar las causas del atraso en desarrollo industrial, tecnológico y científico, para generar empleo, superar el subempleo y la informalidad, la inseguridad ciudadana con su máxima expresión de fatalidad: la pobreza general.

Ante ese tipo de laberintos administrativos, institucionales y la perversidad de los enemigos del desarrollo integral, con equidad socioeconómica, ya está enfrentado el nuevo gobierno.

La incertidumbre es cósmica. Con apoyo decidido del pueblo, es posible revertir obstáculos. No todo está perdido. 

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