La solución, demanda remover y revertir las causas que lo generaron y sustentan. El logro de esa meta, obliga eliminar privilegios de los usufructuarios del poder, arraigados desde hace más de doscientos años Conflicto socioeconómico-político y perspectivas de cambio tvnoticiascol www.tvnoticias.com.co gobierno nacional acuerdos de paz FARC

Conflicto socioeconómico-político y perspectivas de cambio

Actualidad Columnistas

Por Marcos Silva Martínez

La solución, demanda remover y revertir las causas que lo generaron y sustentan. El logro de esa meta, obliga eliminar privilegios de los usufructuarios del poder, arraigados desde hace más de doscientos años.  

Exige reconstrucción institucional, ética y moral para poder crear condiciones para formar sociedad en potencialidades científicas y tecnológicamente y visión de futuro constructivo. Además, exige consistencia y pragmatismo en el desarrollo integral de la nación.

Al menos, “hay ya silbos de llama en la brasa”. Pero es evidente la resistencia al cambio. Tiene enemigos y detractores, encubiertos y activos.

Durante la pasada contienda electoral, comprobamos que a medida que el candidato Petro, crecía en las encuestas, diversos jefes de variopintas organizaciones politiqueras, representantes de la vieja politiquería liberal-conservadora, Gaviria, Lleras, Galán, La U., entre otros, buscaron “negociar alianzas” con el candidato, a la vieja usanza de reparto del poder, con el único propósito de confundir al elector, minar el proyecto de gobierno del Pacto Histórico, evitar el reforzamiento de los acuerdos de paz  y mantener el desastre nacional, de corrupción, impunidad, laxitud, mediocridad e inmoralidad, que dieron al traste con la institucionalidad.

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Es pertinente tener en mente que los acuerdos de paz firmados entre Gobierno y las FARC, y sus efectos, hasta hoy, debe ser el referente para el nuevo gobierno y toda la sociedad colombiana, para retomar las negociaciones con otras organizaciones al margen de la ley, siempre con el convencimiento de que no es una empresa fácil. Hay enemigos a porrillo.

El nuevo gobernó y específicamente, dirigentes políticos y sociales honestos, deben entender y reconocer que las decisiones iniciales de alzarse en armas, fueron motivadas por causas socioeconómicas, de exclusión política y social y negación de oportunidades de vida y trabajo, incluido el acceso a la tierra. Esas causas permanecen y deben ser revertidas y superadas. Basta conocer la posición y argumentos de los gremios económicos y la extrema derecha frente a las reformas planteadas por el nuevo gobierno.

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El incumplimiento de los acuerdos, por parte del gobierno Duque-Uribe y el entrampamiento, ya evidente, contra Santrich, Ivan Márquez y Colombia, urdido entre la DEA y los enemigos de los acuerdos de paz, fueron las principales, si no las únicas causas, del retorno a las armas, por parte de reinsertados de los acuerdos de paz 2016.

Colombia debe superar esa fatalidad del conflicto socioeconómico-político y construir condiciones de armonía social nacional. La única vía es   la inclusión socioeconómica y política.  Esta realidad incuestionable, debe someterse a un riguroso análisis crítico racional de viabilidad, respecto al contexto histórico económico-social y político colombiano de hoy y de las condiciones coyunturales políticas presentes, frente al maniobrar de los enemigos de la construcción de équidas socioeconómica y mejoramiento de condiciones de vida integral nacional.

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Es imperativo no olvidar la posición de doble moral del Iván Duque-Uribe, sobre el proceso de implementación de los Acuerdos con las FARC y otros grupos.  Hecho que tenía que ocurrir, en su condición de representantes incondicionales de la extrema derecha y de los gremios económicos, usufructuarios del poder político e institucional, desde siempre. Son los enemigos del desarrollo socioeconómico y de la paz de Colombia.

Los usufructuarios tradicionales del poder político y económico, han saboteado, desde siempre, la posibilidad de construir condiciones de paz, convivencia y equidad socioeconómica, con el objetivo de mantener el régimen de impunidad que los beneficia y  el poder económico y político que explotan.

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Un hecho demostrativo que pasará a la historia, fue el liderado por Álvaro Uribe, como opositor al Gobierno en 2016. Promovió el ‘no’ en el Plebiscito del 2 de octubre de 2016, con base en típicos engaños y falacias al elector. Él y sus secuaces continúan al acecho.  Aunque los intentos de saboteo y destrucción, provocó varias modificaciones, con el nuevo acuerdo pactado y firmado, conocido como Acuerdo Final del Teatro Colón de 26 de noviembre de 2016, no pudieron destruirlo.  

Los resultados de la elección de presidente, en el presente año, fácilmente permite concluir, que hay perspectivas de despertar del elector y la sociedad, a pesar de la presencia y competencia del intruso patán Hernández, tácita y abiertamente apoyado por la extrema derecha.

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El nuevo gobierno, por las decisiones tomadas en la estructuración de su gabinetes e inmediatos colaboradores, con contadas excepciones, da motivos para pensar y creer que quiere y puede responder a los anhelos de las mayorías nacionales. Está tomando las decisiones requeridas para la reconstrucción socioeconómica e institucional nacional y de esa manera fortificar la toma de conciencia social de los colombianos.     

De otra parte, es un hecho que la lucha armada ya no augura perspectivas de solución socioeconómicas y políticas n el siglo XXI. Los resultados de los conflictos negociados e implementados en los últimos lustros, en el planeta, son referentes válidos que deben tenerse en cuenta en el caso colombiano.

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El gobierno, los órganos de poder, los empresarios sensatos y socialmente honestos y las mayorías de la sociedad, deben comprender y dimensionar la conveniencia de acelerar los procesos de reinserción y de superación de la inequidad socioeconómica integralmente, única alternativa cierta para superar las causas del conflicto y construir equidad socioeconómica y justica social.

Debe comenzar por dinamizar la economía con aplicación de conocimientos, ciencia y tecnología de punta y definir políticas y metas de sustitución de importaciones por producción nacional, esos mismos que se producían antes de la desafortunada e irresponsable Apertura Económica, impuesta por el poder económico mundial y los secuaces gobernantes colombianos.

Demanda redefinir la formación académica, de manera que se articule con los adelantos del conocimiento y las tecnologías y las pertinencias específicas de la nación y el entorno global.

La solución de la inseguridad y la criminalidad, demanda equidad socioeconómica y desarrollo integral nacional, para poder responder con generación de empleo racionalmente pagado, con lo que se estimula el consumo y la economía en general. 

El desafío, de cambiar la inseguridad por seguridad general, es cósmico. Requiere de decisiones concretas, normas legales y procedimientos permanentes eficaces. Se requiere quién las haga cumplir. Exige cortar privilegios rentísticos, politiqueros y de conveniencia de los usufructuarios del poder. Es el meollo del problema y por eso no hay solución.

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Se requiere que el régimen que gobierna, crea y actúe consciente y responsablemente. Que crea en los efectos del desempleo, la marginalidad, la pésima educación. Esos son el caldo de cultivo de todo lo que se relaciona con la inseguridad de los ciudadanos.

Con la estructura de poder legal del régimen imperante hasta el presente, es imposible garantizar seguridad y justicia y derrotar la corrupción y la mediocridad burocrática.

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No hay seguridad donde los organismos del estado, cuya función es la seguridad ciudadana, recurren al crimen, para mostrar resultados y donde la misma autoridad puede ser perseguida por organismos del estado, bajo el ropaje de acciones de inteligencia y contrainteligencia y donde la brecha entre pobres y ricos es cada día más amplia y se concentra más la riqueza, cada día. Eh ahí los desafíos del gobierno que empieza a ejercer poder y de los ciudadanos conscientes que deben respaldarlo y apoyarlo.

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