Se avecina otra enésima elección de Jefe de gobierno y representantes del pueblo en el Congreso. La historia colombiana registra más de doscientos años en la repetición de la degradante y perversa comedia de equivocaciones. La realidad socioeconómica, política y de atraso general nacional, lo confirman Candidatos, Gobernantes, Legisladores tvnoticiascol proyecto El Quimbo PTAR Huila Neiva

Candidatos, Gobernantes, Legisladores

Actualidad Columnistas

Por Marcos Silva Martínez.

Se avecina otra enésima elección de Jefe de gobierno y representantes del pueblo en el Congreso.

La historia colombiana registra más de doscientos años en la repetición de la degradante y perversa comedia de equivocaciones. La realidad socioeconómica, política y de atraso general nacional, lo confirman.  

Todo candidato, sin ruborizarse, ofrece solución a todos los problemas socioeconómicos de los electores. Pero como gobernante demuestra incapacidad, mediocridad e irresponsabilidad total para cumplir sus promesas, salvo poquísimas excepciones.  Es el infortunio de Colombia.  Cada gobernante resulta peor que el anterior. Los resultados lo demuestran.

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Esta realidad deplorable, construyó un estado de consciencia social colectiva a tal nivel de desesperanza e indiferencia, que el pueblo ya no se preocupa por la mediocridad e irresponsabilidad política y social de sus gobernantes. Esta la explicación de que repite el error al volver a votar por quien no debe votar. 

Y por ello es corriente escuchar: “eso es del gobierno” o “que roben pero que hagan algo”, no importa. Pero es un monumental error. Y por eso estamos como estamos, convertidos en rehenes de mafias de todo género.  Las inversiones, gastos y corrupción   del desgobierno, se financian con impuestos, que pagan todos los ciudadanos.

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El gobernante, generalmente carece de interés y responsabilidad para lograr resultados positivos en su gobierno. Generalmente se interesa es con quién contrata el presupuesto de inversión. Es la causa de que la contratación pública, de obras y servicios se convirtió en la vena rota del presupuesto. Ocurre en Neiva, el Departamento, y en toda la nación.  

En el Huila, hay casos a porrillo. El antisocial proyecto El Quimbo: Uribe y sus secuaces lo impusieron, sin importarles los legítimos derechos del Departamento y de sus ciudadanos.

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Riego Paicol-Tesalia: lo impusieron sin análisis responsable de factibilidad ni del debido rigor técnico de los estudios y diseños.  Y otra vez, el mismo siniestro mesías y sus secuaces, embarcaron al departamento en crédito de $40.000 millones, que entregaron al mesías, para que decidiera su adjudicación, a sus amigotes delincuentes Nules, a través de un consorcio. Por capital e intereses, el departamento pagó más de $60.000 millones. El proyecto es un monumento al despilfarro y la corrupción y a nadie le importa, aunque la obra no la terminen nunca.  ¿Qué han hecho al respecto los congresistas del Huila? Debería responder Andrade.

Neiva, gastó más de $20.000 millones en la construcción del Tizón, sin ser obra prioritaria y a nadie le importó, mientras las vías urbanas nunca han sido prioritarias, para ningún alcalde. Nunca han sido objeto de mantenimiento. Solo tapar huecos.

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La supuesta optimización del acueducto, el mismo gobernante la impuso, ante la advertencia cierta que los estudios y diseños eran insostenibles, técnica y económicamente. Incluido el monumento del monstruoso Reservorio.  Los resultados están a la vista. El racionamiento sistemático de agua crece en todo Neiva.   

Actualmente, sin soporte técnico-económico ni ambiental justificables y contra los intereses socioeconómicos reales de la comunidad presente y futura, las últimas cuatro Administraciones Municipales permitieron y permite y tolera el despilfarro de los recursos públicos, en estudios y diseños, a través del novelón del sistema de tratamiento de aguas residuales, durante más de 10 años y aún no hay estudios y diseños válidos para la construcción de la PTAR.

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Quieren imponer un sistema de tratamiento de aguas residuales, que solo encuentra explicación en la irresponsabilidad administrativa del municipio, el departamento, los gremios y los “dirigentes” políticos.  ¿Qué dicen al respecto los congresistas y la politiquería del Huila?

¿Quién responde? ¿La impunidad administrativa institucional? ¿La irresponsabilidad y mediocridad, jurídica, fiscal y? ¿El pueblo está obligado a soportar la irresponsabilidad e inmoralidad administrativa institucional, siempre?

La Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Personería y Concejo, no articulan acciones, como siempre. Deberían escudriñar el contrato de estudios y diseños. El soporte técnico-ambiental de la localización. La justificación de los diseños, los costos, sustentabilidad de presupuestos, volúmenes de obra y cumplimiento de la ley, del proyecto en general.

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Tratar de imponer la insostenibilidad de ese proyecto es prueba de contumacia y perversidad de la actual administración y las tres anteriores.

Diseño y selección del proyecto de tratamiento de aguas, exige responsabilidad de funcionarios y diseñadores, por costos, análisis de alternativas, para seleccionar el más conveniente a los usuarios. La Administración debe exigirle al consultor el cálculo soportado, del costo de tratamiento por metro cúbico para que el pueblo sepa a qué atenerse.  

Los usuarios tienen que pagar el mantenimiento y operación del sistema, por ordenamiento de ley.

A nivel nacional, ocurre lo mismo.  Consuman hechos de mucha desfachatez e irresponsabilidad política social y moral.

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En los últimos meses, la Contraloría General de la República, sorprendentemente ha develado un cúmulo de casos y hechos. Pero aún no se ha pronunciado sobre el festín de las concesiones viales. Mediante esa figura, el estado entregó (privatizó) los principales corredores viales nacionales a ávidos contratistas, para que dispongan de lo que les provoque en términos de costos y calidad. La enumeración de hechos, constitutivos de entrega de poder y soberanía a particulares son muy numerosos y aberrantes. En las dos últimas décadas, intensificaron la entrega de lo público a particulares. Durante los gobiernos del siniestro Uribe, más de 500 empresas del estado fueron privatizadas, fusionadas o liquidadas, siempre a favor de lo privado, entre otros, el Instituto de los Seguros Sociales.      

Los pésimos gobiernos son los responsables, desde hace más de doscientos años, del desastre nacional.

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¿Y cómo responden los gobernantes al dejar el cargo? Cero responsabilidades.

¿Y qué dicen y hacen los congresistas? Aprobar, tolerar, callar o participar.  

¿Y qué plantean, al respecto, los candidatos a concejales, alcalde, diputados, congresistas, gobernadores y los mismos electores y ciudadanos?

Si logramos responder responsablemente las anteriores preguntas, podremos encontrar la manera de no malbaratar el voto, y no volver a elegir a irresponsables, como hasta hoy. Estamos ante el imperativo moral de derrotar el caos, la anarquía y la inmoralidad institucional presentes y construir e instituir lo que sea necesario, para lograr desarrollo integral nacional y equidad socioeconómica, en el corto y mediano plazo, para garantizar calidad de vida a las generaciones futuras.

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