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Por Marcos Silva Martínez.

La clase política y sus gobernantes, sometieron a Colombia a condiciones socioeconómicas, culturales, jurídicas e institucionales y de atraso tecnológico, que aseguran y garantizan subdesarrollo, inequidad-socioeconómica y conflicto político-social.

La dificultad para superarlas obedece a que el marco jurídico-institucional, lo estructuraron y lo mantienen, para garantizar la satisfacción de ambiciones personales de sectores exclusivos y excluyentes, soportados en el dominio del poder público y económico.

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Son condiciones que se evidencian por la endémica problemática social y económica que tienen que afrontar las mayorías nacionales y son consecuencia de la irresponsabilidad social y política, clientelismo, corrupción e inmoralidad que caracteriza el ejercicio del poder público. Son factores que impiden el desarrollo socioeconómico integral de la nación, desde hace más de 200 años.

Con esa inocultable realidad socioeconómica-política, lograron desarrollar una conciencia social colectiva de indiferencia ante lo institucional y la participación política, condiciones que facilitan el acceso   y permanencia en el poder, de quienes lo explotan, para su exclusivo beneficio. En la conciencia social colectiva se ha arraigado la convicción que, con cualquier gobernante, sus condiciones socioeconómicas seguirán igual o peor.  

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Lo que ocurre con la criminalidad en todos los niveles de la actividad nacional, la inseguridad ciudadana, la corrupción, la ineficiencia e ineficacia institucional para someter organizaciones criminales y delincuenciales, generó y profundizó la impunidad en los órganos de poder judicial, de control y disciplinario. Esos entes de poder, son generalmente feudos de la politiquería y el clientelismo e instrumentos que les garantiza impunidad.  

El manejo tendencioso y excluyente del poder institucional, facilitó la concentración del capital y el ingreso, a favor de reducidos sectores socioeconómicos. La defensa incondicional de esos intereses socioeconómicos por parte de gobiernos y la institucionalidad, ha generado un perverso cogobierno entre poder institucional y gremios económicos, con lo que se consolidó el subdesarrollo general nacional. Ocurre, guardadas algunas diferencias, en todas las naciones en desarrollo, sometidas a estructuras de poder simuladoras de democracia.

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Es posible superar esa fatalidad e irresponsabilidad político-social del poder público y es posible estructurar y aplicar un ordenamiento legal general, que garantice desarrollo nacional integral e incluyente, redistribución racional del ingreso y equidad socioeconómica. Ese objetivo solo es posible lograrlo si el elector, decide conocer y entender las causas del subdesarrollo de la nación y opta por elegir a alguien sea capaz de estructurar y desarrollar un modelo de gobierno y desarrollo, que garantice crecimiento integral efectivo de la nación y redistribución racional del ingreso.

El candidato que racionalmente entienda la situación política y socioeconómica de la nación, sus causas y consecuencias, debe estructurar y someter a consideración del electorado, un programa de gobierno que sea viable de realizar y que se proyecte y pueda ejecutarse para resolver los efectos y consecuencias del subdesarrollo nacional, en todos los sectores de la actividad económico-social y fiscal de la nación.

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Los gobernantes que ha padecido Colombia, desde hace más de 200 años, ninguno se comprometió ni hizo algo concreto para lograr objetivo de desarrollo integral de la nación, previstos para el corto, mediano y largo plazo.

El elector, debe convencerse que ningún candidato, que represente a la viaja clase política, corrupta e irresponsable hasta la médula, puede desarrollar un gobierno honesto y responsable política, económica y socialmente. Los hechos y resultados lo demuestran, hasta el presente.

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En las próximas campañas electorales, tanto para presidente como para gobernadores, alcaldes y órganos legislativos, el candidato responsable, debe explicar al elector, en forma detallada y precisa, cuales son las causas y quienes los responsables del subdesarrollo nacional, regional y local, y de toda la problemática que afecta la satisfacción de los legítimos y legales derechos de los colombianos y las causas de las precarias condiciones de vida de las mayorías. Son los desafíos político-sociales para todos los colombianos responsables socialmente (electores y dirigentes honestos, que sí hay), en el corto, mediano y largo plazo.

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