¿PETRÓLEO O AGUA?

Actualidad Columnista

Por Carlos Tobar

En una entrevista de María Isabel Rueda (que tiene todos los visos de haber sido pagada) en el periódico El Tiempo, la Asociación Colombiana de Petróleo, a través de su presidente, Francisco José Lloreda, arremetió contra las consultas populares que, regándose como fuego en pradera, se extienden por toda la geografía nacional levantando la voz enhiesta y aplastante de las mayorías ciudadanas contra la explotación irracional y desventajosa de los recursos minero-energéticos, de manera particular los del petróleo.

Le parece mentiroso acudir, según él, al falso dilema de agua o petróleo, para oponerse a la explotación de recursos mineros en los territorios municipales donde el gobierno y las empresas petroleras quieren hacer valer los derechos de la nación, porque de acuerdo a una norma expedida en la década de los 60 del siglo pasado, el subsuelo pertenece a aquella. Precisamente, esta diferencia de intereses locales y nacionales, los ha empezado a dirimir la Corte Constitucional que puso a las autoridades de los dos órdenes a ponerse de acuerdo para la explotación de riquezas naturales que afecten, en materia grave, la vida de los moradores. Obviamente, eso no les gusta a los representantes de empresas multinacionales petroleras que por décadas –ya casi una centuria– explotaron este recurso sin oposición alguna para beneficio casi que exclusivo del capital monopolista extranjero. Vale la pena citar, a modo de ejemplo, la evaluación del leonino negocio que hiciera en la década de los 70 del siglo XX, Jorge Villegas, en su libro “Petróleo, oligarquía e imperio”, un clásico de la historia económica de Colombia. Ni que hablar de la historia negra que hemos vivido desde esa época hasta hoy.

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El dilema agua-petróleo, está en la mente de la ciudadanía porque los daños ambientales que las empresas petroleras, incluyendo a la estatal petrolera Ecopetrol, han dejado en decenas de municipios son incuantificables. Esta industria, en su proceso de exploración y explotación utiliza agua para inyectar en los pozos –usando el método convencional o peor aún el método del “fracking”–, que toman de fuentes superficiales o subterráneas; estas al mezclarse con el petróleo y sus materiales asociados, se contamina haciéndolas no aptas para el consumo humano o de seres vivos. Las cuentas por saldar de este pasivo ambiental, están por avaluar, porque esos son daños permanentes e irreversibles.

La explotación minero-energética es posible, siempre y cuando se cumplan requisitos inamovibles como los de la preservación de los ecosistemas –si van a generar daños no mitigables no se podrán explotar–; la utilidad económica evidente para la nación que no para las compañías petroleras; el respeto de los derechos de los habitantes de las regiones productoras…, entre otras. Esta es una posición valerosa de las comunidades que no podemos dejar que se vulnere, con –esos sí– sofismas como que sin explotación petrolera se quiebra el país, o que nos vamos a quedar sin petróleo y gas a la vuelta de 5 años, etc., argumentos que está bien que se trague la ‘periodista’ del periódico de marras, pero que no engañan ni a un niño de brazos.

La defensa de los interese nacionales es un derecho irrenunciable.

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