“LAS REGIONES ESTÁN LLENAS DE GRUPOS NULE”: JUAN MARTÍN CAICEDO

Actualidad Columnista

Por Carlos Tobar

Este titular de la noticia de El Tiempo el pasado domingo, más que una afirmación es una sindicación contra la corrupción regional y local que, ha desbordado –cómo la nacional– todos los límites. Las acusaciones del director de la Cámara Colombiana de Infraestructura no son nuevas, pero sí muy graves. Traducido en buen romance, este organismo señala que el comportamiento de gobernadores, alcaldes y múltiples funcionarios intermedios de la rama ejecutiva regional, conjuntamente con las mafias privadas regionales de la contratación pública, se tomaron por asalto los presupuestos de construcción, bienes y servicios para su exclusivo beneficio. Los ejemplos se suceden a porrillo: los multimillonarios recursos de la salud, que se siguen saqueando por el cartel de las Eps (caso Confamiliar), las multinacionales farmacéuticas y la corrupción en muchos hospitales y clínicas, públicas y privadas; los dineros de la alimentación escolar y de los niños, escándalos que se suceden a lo largo y ancho del país, como lo denuncia la dirección del mismo ICBF, sin que haya quién pueda frenar esta vena rota porque hace parte de la repartición de mermelada del sistema político colombiano; la contratación de elefantes blancos, donde se esfuman recursos importantes de los escasos presupuestos regionales y locales: megacolegios, parques isla, reservorios, estadios de futbol, vías innecesarias, puentes, acueductos y alcantarillados, etc.

Pero, tal vez, uno de los más agresivos cánceres administrativos son las asignaciones politiqueras de feudos en las administraciones de organismos nacionales en las regiones. A título de qué, que no sea corruptela política, se asignan estos organismos a dirigentes de los partidos de gobierno, senadores y representantes: seccionales de bancos estatales, empresas industriales y comerciales del estado, organismos regionales de institutos y corporaciones, o representaciones nacionales en organismos del orden nacional, o delegaciones de contralorías o procuradurías o fiscalías. Todas asignadas a dedo, a personas que, las más de las veces, no cumplen con los requisitos de idoneidad y probidad necesarios, por el simple hecho de pertenecer al grupo político al que se endosa el puesto. Lo peor del asunto, es que la ejecución de los presupuestos de esas oficinas o entidades, no se realizan atendiendo las necesidades de los ciudadanos, especialmente de los más débiles e indefensos, sino los bolsillos del grupo político pertinente. Si el fiscal, o el procurador, o el contralor quieren poner mano a la corrupción regional rampante, que empiece por revisar este tipo de compromisos que, son sustento fundamental en la elección y reelección indefinida de los congresistas en las regiones.

Esta es una tarea urgente. Sobre todo, cuando las dificultades del sistema económico impuesto al país, presagian tiempos de escasez y penurias. Para una sociedad con múltiples necesidades sociales insatisfechas, la utilización eficiente de los recursos escasos con que se cuenta, es un imperativo económico y moral. Esquilmar dineros de la salud o la educación o los servicios públicos…, son crímenes de lesa humanidad que deben ser contenidos y castigados de manera ejemplar.

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