LA CORRUPCIÓN ATACA POR TODOS LOS FLANCOS

Actualidad Política

La más reciente rueda de prensa conjunta de La Fiscalía General de la Nación, La Contraloría General de la República y La Procuraduría General de la Nación, devela que la corrupción administrativa actúa por todos los costados, para apoderarse del erario, aprovechando la crisis que genera la pandemia del Coronavirus.

Mientras los colombianos todos los días reciben, desde la Casa de Nariño, datos de los casos, con varios días de retrasos, procesados por el Instituto Nacional de Salud Pública sobre COVID-19 y el rosario de medidas aplicables en el futuro, en el territorio nacional los dineros públicos, destinados para atender la emergencia, son hábilmente agarrados por la corrupción.

Faltando elevadísimo porcentaje del manejo de contratos, la Contraloría señala casos relevantes:

  • También abrió procesos de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat (por $193 millones); y el Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez (por $112 millones).
  • La CGR ordena además procesos de responsabilidad fiscal en contrataciones de la alcaldía de Girardot (Cundinamarca) y la Alcaldía de Chiriguana (Cesar).
  • En forma simultánea, el organismo de control abre 24 nuevas Indagaciones Preliminares por presuntos sobrecostos en contratos Covid-19, que involucran a 9 Gobernaciones, 11 Alcaldías y un Hospital Departamental.
  • 2 Indagaciones Preliminares en Gobernación de Antioquia por presuntas irregularidades en la contratación realizada con las fundaciones Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y SACIAR-Banco de Alimentos, para la entrega de paquetes alimentarios.
  • Las Indagaciones Preliminares abarcan además las Gobernaciones de Norte de Santander (2), Valle del Cauca (2), Cesar (2), Magdalena, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Vaupés; y las Alcaldías de Cúcuta (2), Santa Marta, Yondó y Sabaneta (Antioquia), Cota (Cundinamarca), El Copey, El Paso y Aguachica (Cesar); así como la ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño.
  • La CGR ha emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos del 21 por ciento, en promedio, en contratos relacionados con el COVID-19 cuyo valor total es de $484.000millones, de los cuales el 40 por ciento (unos $193.000 millones) corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones.
  • A la fecha, estas alertas del organismo de control han llevado a las administraciones a renegociar contratos que inicialmente valían $101.000 millones, gracias a lo cual su monto se redujo a $54.000 millones.
  • Los posibles sobrecostos se redujeron a $6.400 millones y hasta el 12 de junio, la Contraloría había logrado beneficios económicos para el patrimonio público por $29.276 millones.
  • Debido a la solidez de las alarmas, fueron terminados anticipadamente contratos por $21.000 millones y en 29 el sobrecosto se redujo al cero por ciento, con un beneficio de $4.200 millones.
  • En Bogotá, se han generado 18 alertas por presuntos sobrecostos en cuantía de $20.221 millones.
  • La emergencia del COVID-19 ha llevado a suspender obras de infraestructura por $4,15 billones: 6 unidades funcionales de la ANI por $3,9 billones, 4 proyectos de la AEROCIVIL por $236 mil millones y 8 obras a cargo del INVÍAS por $14.307 millones.
  • 131 alerta ha dado la Contraloría por obras de infraestructura retrasadas o en riesgo, que cuestan $18, 11 billones
  • 9 de estas alertas, las de mayor valor, corresponden a proyectos de la ANI (que incluyen 22 unidades funcionales), por $17.2 billones. 
  • 17 de esas 22 unidades funcionales (el 84,22%) presentan un avance físico inferior al 70%.
  • El mayor número de alertas (91), por $301.757 millones, tienen que ver con igual número de colegios en construcción financiados por el FFIE que se consideran como obras en alto riego.
  • En cuanto a infraestructura de salud, están vigentes alertas por 4 obras consideradas de alto riesgo, que suman un valor de $62.459 millones, encabezadas por el Hospital de Francisco de Paula Santander, en Santander de Quilichao (Cauca), que tiene un avance de apenas el 29%.
  • La emergencia del COVID-19 ha llevado a suspender obras de infraestructura por $4,15 billones: 6 unidades funcionales de la ANI por $3,9 billones, 4 proyectos de la AEROCIVIL por $236 mil millones y 8 obras a cargo del INVÍAS por $14.307 millones.

LA FISCALÍA

La Fiscalía General de la Nación, señaló que imputará al gobernador suspendido del Chocó, a 4 alcaldes, a 2 oficiales y un suboficial del ejército nacional por presuntas irregularidades en la contratación durante la emergencia sanitaria.

En esa rueda de prensa señaló que en los últimos 15 días, la Fiscalía verificó 180 nuevos contratos que se suman a los más de 3 mil que han sido revisados en el marco del plan articulado denominado ‘Transparencia por la emergencia’. Durante las dos semanas se abrieron 177 indagaciones por hechos de corrupción detectados en los 32 departamentos del país. Gracias al material probatorio recopilado por los grupos de policía judicial y los equipos de fiscales se solicitarán audiencias de imputación contra cuatro alcaldes por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado.

A algunos de estos mandatarios se les pedirá medidas de aseguramiento de acuerdo con su grado de participación en las conductas que se les atribuyen y en atención a los lineamientos de la Directiva 0001 de 2020. Los alcaldes son:

  1. Necoclí (Antioquia), Jorge Augusto Tobón Castro.
  2. Barbosa (Antioquia), Édgar Augusto Gallego Arias.
  3. San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas.
  4. El Charco (Nariño), Víctor Candelo Reina.

De igual manera, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará y solicitará medida de aseguramiento contra el suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, como presunto responsable de los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, y lavado de activos.

Los elementos obtenidos en las investigaciones también permitirán imputar y pedir algunas medidas de aseguramiento a otras 17 personas, entre funcionarios y contratistas, ellas son:

  1. Secretaria departamental de Desarrollo Social y Participación de la Gobernación de Valle del Cauca, Nataly Toro Pardo.
  2. Representante legal de la Corporación para el Desarrollo de Valle del Cauca (Corpovalle), Adrián Fernando Zamora.
  3. Exsecretario de Salud de la Gobernación de Chocó, Carlos Tirso Murillo Hurtado.
  4. Director de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército Nacional, coronel Fredy Alberto Baquero Jaimes.
  5. Supervisor de contrato, capitán del Ejército Nacional Hárold Cárdenas Mesa.
  6. Jefe de contratos de la Central Administrativa y Contable de Medellín (Cenac) del Ejército Nacional, sargento segundo Carlos Eduardo Oviedo Cruz.
  7. Contratista de Medellín, Luisa María Zapata Castiblanco.
  8. Exjefe de la Oficina de Contratación de Acacías (Meta), Óscar Javier Ortiz Arteaga.
  9. Exsecretaria de Gobierno de Acacías (Meta), Bertha Amanda Perilla Villamil.
  10. Secretario de Educación e Integración Social de Necoclí (Antioquia), Elías Manuel Carmona Ramírez.
  11. Contratista en Necoclí (Antioquia), María Luisa Cuesta Machuca.
  12. Secretario de Salud, Protección Social y Desarrollo Comunitario de Barbosa (Antioquia), Daniel Fernando Alcaraz Múnera.
  13. Director Administrativo de Planeación en Barbosa (Antioquia) -supervisor de contratoHugo Aldemar Suárez Osorno.
  14. Conductor de la Empresa Social del Estado (ESE) del Perpetuo Socorro en Villavieja (Huila), Jesús Aníbal Camacho Manrique.
  15. Jefe de Gobierno y Desarrollo Social de San José de Miranda (Santander), Mónica Alejandra Corzo Rey.
  16. Contratista en San José de Miranda (Santander), Lucy Amparo Báez Suárez.
  17. Docente y contratista en El Charco (Nariño), Jorge Eliécer Suárez Gamboa.

En los próximos días se tomarán otras decisiones por conductas penales relacionadas con corrupción durante el Estado de Emergencia Social, Económica y Ecológica.

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.

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