INTELIGENCIA MILITAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Actualidad Lo que hace la gente

Por Rutas del Conflicto.

COMUNICADO DE PRENSA FUNDACIÓN CON LUPA 

Las recientes revelaciones hechas por la Revista Semana, en su reportaje “Las Carpetas Secretas”, publicado en la edición n.º 1983 del 3 al 10 de mayo de 2020, ponen en evidencia la inteligencia militar de la que fuimos sujetos como medio de comunicación. Ante esta circunstancia la Fundación Con Lupa, casa del medio de comunicación Rutas del Conflicto, comparte las siguientes declaraciones para la opinión pública. 

El pasado 18 de diciembre de 2019, tras el allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia en el Cantón de Comunicaciones del Ejército en Facatativá, una comisión de la Corte Suprema de Justicia encontró que este grupo de miembros de la Fuerza Pública estaba dedicado a hacer inteligencia de 130 personas, entre las que están periodistas, políticos, sindicalistas, generales y varias ONG.

De las múltiples carpetas de información recopiladas por esta unidad de inteligencia militar, una de ellas estaba exclusivamente dedicada a información sobre el medio de comunicación Rutas del Conflicto y sus miembros. 

Según tuvimos conocimiento, esa carpeta contenía fotos individuales y colectivas que identificaban por lo menos 18 de nuestros periodistas, nuestra relación con otros colegas, además de fichas que profundizan en información individual, como nombre, dirección, teléfono y posts hechos en nuestras redes sociales personales. 

La inteligencia sobre los y las periodistas de Rutas del Conflicto se dio después de que  interpusimos un derecho de petición, solicitando información de consulta pública, a las Fuerzas Militares de Colombia, FFMM. Se estima que esta recopilación de información sobre nuestro equipo comenzó en abril de 2019 cuando se interpuso una tutela al Ejército por no responder a la solicitud. 

En junio de 2019, las FFMM contestaron parcialmente el cuestionario enviado. Rutas del Conflicto interpuso un incidente de desacato para lograr que entregaran la totalidad de la información. Un juez aceptó el incidente, dándole tres días al entonces comandante de las FFMM, Nicasio Martínez, para responder. El fallo de este proceso fue nulo, dado que la institución entregó información previa a la fecha límite establecida por un juez. Sin embargo, dos preguntas nunca fueron contestadas alegando que la información tenía grado de secreto y significaba un riesgo para la seguridad nacional.  

El 6 de agosto del mismo año, Rutas del Conflicto informó al juez que llevaba el proceso,  que una dupla de miembros del Ejército fueron hasta el edificio donde está nuestra oficina a entregarnos en físico parte de la información solicitada, la seguridad no les permitió subir, pero ellos merodearon aproximadamente una hora, fuera del recinto. Así, sentamos el precedente cómo nos fue entregada la información pública y también cómo el accionar de la institución era una medida de intimidación. 

La solicitud de información se hizo en el marco de nuestra investigación “Convenios de Fuerza y Justicia”, una base de datos que presenta información ordenada y accesible sobre al menos 200 convenios entre las FFMM y empresas privadas, en su mayoría del sector minero energético. Algunos de estos contratos también son entre la Fiscalía y las empresas. 

Este proyecto, ejecutado en alianza con la Liga Contra el Silencio, visualiza el monto de dinero asignado para cada convenio, la empresa que lo suscribe y analiza los fines para los que fueron usados varios de esos recursos. Aunque la ley permite la celebración de estos convenios en pro de la seguridad nacional, encontramos que los recursos estaban siendo usados para la adquisición de paquetes turísticos, remodelación de capillas y tiquetes aéreos para militares, compra de instrumentos musicales entre otros. 

Revelamos también que las Estructuras de Apoyo, EDA, de la Fiscalía, reciben recursos de empresas privadas, bajo el compromiso de priorizar casos, procurando reforzar su capacidad investigativa y de judicialización en la represión de las conductas delictuales que afectan a las empresas. 

La investigación cuestiona la posible violación de Derechos Humanos que puede ocurrir, en los territorios donde tienen vigencia estos convenios. Las comunidades reportan que al manifestarse en contra del accionar de una empresa, son agredidas e incluso judicializadas, por cargos como terrorismo o extorsión.  Es el caso del líder sindical, Héctor Sánchez. 

Esta investigación es apenas la punta del iceberg de la relación económica entre privados, las FFMM y la Fiscalía. Por ley, toda la contratación que involucra instituciones públicas debe estar disponible para la consulta de cualquier ciudadano o ciudadana. Existen por lo menos 1.500 de estos convenios, pero nuestro equipo sólo logró acceder a 200. Los hallazgos de esta investigación de más de ocho meses fue usada como recurso para el informe en Colombia del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Frost. Además, nos permitió ser finalistas del premio Relatoría para la Libertad de Expresión 2019. 

Para realizar ese reportaje, investigamos la existencia de los contratos, y también solicitamos formalmente al Ejército tanto los documentos como su posición oficial sobre los hechos. La búsqueda de información pública y su divulgación de forma transparente, así como la consulta a las entidades citadas en los textos, son factores esenciales para un buen ejercicio del periodismo. En este caso, cumplimos a cabalidad con dichas obligaciones profesionales. Pero al cumplirlas, fuimos blanco de inteligencia por parte del Ejército. Esta grave situación preocupa profundamente a la Fundación Con Lupa, al medio de comunicación Rutas del Conflicto y a todos y todas sus periodistas, pues constituye una clara presión en contra de nuestro ejercicio periodístico.

Likes(0)Dislikes(0)

Comments

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *