PARTIDOCRACIA CRIMINAL

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Por Aníbal Charry González

Con el histórico y aleccionarte  fallo proferido por el juez  Omar Borja Soto del juzgado 37 Administrativo de Bogotá, que hay que mencionar con nombre propio para reconocerle todo su mérito destacando el compromiso de la administración de justicia para combatir la podredumbre que tenemos por política, que condenó a 50 ex congresistas  de casi todos los partidos políticos por parapolítica a devolver el dinero que les fue entregado por el Estado para la reposición de votos, salarios percibidos y aportes a salud y pensión; queda plenamente demostrado lo que de manera reiterada he sostenido en mis columnas sin ambages, de que la actividad política en Colombia es una verdadera empresa criminal que es necesario depurar urgentemente reformando el sistema político electoral abyecto que existe, que ha de hacerse imperativamente por una Constituyente limitada, porque sus integrantes  con asiento en el Congreso jamás la van a hacer para acabar con este negocio abominable, madre de toda la corrupción en Colombia.

Y es que el justiciero fallo proferido  a raíz de 2 acciones populares instauradas en el 2008 para proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, – que no dudo será sindicado por el uribismo y particularmente por la senadora Paloma Violencia de ser un fallo de persecución política -, fue sustentado con las siguientes motivaciones que no dejan duda no solo del concierto criminal para el ejercicio de la política, sino de la complicidad de las mismas autoridades electorales como el politizado y eunuco Consejo Nacional Electoral y la Registraduría: “Se trató de candidatos al Congreso que llegaron a dicha corporación en forma ilegal a través del concierto para delinquir e incurriendo en conductas que implican constreñimiento al sufragante en general”. Después, claro, del siniestro pacto de Santafé de Ralito, que se proponía refundar la patria en nombre de Dios aprovechando toda la maquinaria criminal de los paramilitares.

Porque cuestiona el juzgador con acritud a las mencionadas autoridades electorales, dado que, conociendo las condenas en contra de los parapolíticos, no adelantaron las acciones para buscar la recuperación de esos recursos girados a los sentenciados. Qué lo iban a hacer si son elegidos por los mismos integrantes de la organización delictiva y dudo que lo hagan para recuperar también todos los recursos girados a los congresistas condenados por concierto para delinquir con posterioridad a la presentación de la acción popular después del 2008, como lo ordenó igualmente el juez en el fallo de marras que tiene claro sustento jurídico y probatorio en el siniestro fraude electoral cometido por esta partidocracia criminal.

Lo anterior es una muestra palmaria de la magnitud del desafío que tiene la sociedad decente  el próximo 27 de mayo para decidir si seguimos apoyando este concierto criminal eligiendo a los mismos capos de la política que desangran y roban secularmente este país, o nos damos la oportunidad de elegir a un líder de reputado compromiso de lucha contra la corrupción y el crimen que le ponga fin a esta ominosa empresa que tenemos por política para ponerla al servicio del pueblo colombiano.

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