HASTA EN LA ARMADA NACIONAL SE APROVECHAN DEL COVID-19

Un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones, consecuencia de presunto sobrecosto del 100% en la adquisición de 1 millón 322 mil 700 tapabocas, abrió la Contraloría General de la República, contra militares de la Base Naval ARC Bogotá

La diligencia involucra al Capitán de Navío Jaime Gómez González El Comandante de la Base Naval ARC Bogotá, la Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo y Anderson Gaminera Angulo representante legal de la empresa contratista MEDIVALLE SF SAS.

Las decisiones fueron adoptadas por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal al encontrar presuntos sobrecostos en la ejecución del Contrato No. 0047-ARC-CBN6-2020, suscrito entre la Armada Nacional Base Naval # 6 ARC Bogotá y Medivalle SF SAS el 7 de abril de 2020.

LOS DETALLES

Un informe del ente de control señala que el objeto del referido contrato fue: “Contratar la adquisición a todo costo de elementos de protección personal para el personal de servidores públicos de la Armada Nacional, con el fin de atender la emergencia sanitaria del Covid-19.

Este contrato se suscribió inicialmente por un valor de $2.361 millones, que fue modificado luego para quedar en un valor final de $1.984 millones. El ajuste se hizo atendiendo lo dispuesto en Decreto Legislativo del Gobierno Nacional No. 551 de 15 de abril de 2020, el cual con ocasión de la pandemia exoneró del impuesto sobre las ventas (IVA) entre otros productos a los tapabocas convencionales, en este caso adquiridos por la Armada Nacional con el fin de contar con los elementos necesarios que propendieran por la seguridad de sus integrantes.

Fue así como, en virtud del Contrato No. 0047-ARC-CBN6-2020, la Armada Nacional Base Naval # 6 ARC Bogotá y MEDIVALLE SF SAS pactaron la adquisición de 26.454 cajas de 50 unidades de tapabocas convencionales (en total 1.322.700).

En su momento, el equipo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la República (DIARI) advirtió que en el mencionado contrato se había evidenciado un presunto sobrecosto del 128%, al pagarse por unidad de tapabocas convencional la suma de $1.785.

Sin embargo, con la modificación que tuvo el valor del contrato, al pasar de $2.361millones a $1.984 millones, el precio final de cada tapaboca quedó establecido en $1.500.

La Contraloría contrastó los valores del contrato acordado entre la Armada Nacional y MEDIVALLE SF SAS con otro contrato de similares condiciones suscrito entre la Policía Nacional – Dirección de Tránsito y Transporte, y SERSUGEN SAS (Contrato No. 64-2-10007-20), en el cual se evidenció que, cada unidad de tapabocas convencional fue adquirido por precio de $750, exactamente la mitad de lo que pagó la Armada, de lo cual se concluyó la existencia de un presunto sobrecosto del 100%. Esta comparación se sustentó en que, en ambos casos, el objeto contractual es el mismo y los elementos de protección personal adquiridos son de similares condiciones técnicas.

Siendo así, la Armada Nacional los contrató a precios sustancialmente diferentes a los que los compró la Policía Nacional.

DETERMINACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL

En el presente caso, el presunto daño patrimonial al Estado está en el sobrecosto para la adquisición de tapabocas convencionales por parte de la Armada Nacional de Colombia, puesto que en el Contrato N° 0047 de 07 de abril de 2020 se evidenció que el valor de los tapabocas convencionales por unidad, de acuerdo a lo pagado, ascendió a la suma de $1.500 c/u, con lo cual, la caja por 50 unidades tuvo un valor de $75.000 que multiplicado por 26.454 (cantidad pactada en el contrato), arroja un valor total de $1.984.050.000.

Comparando estos valores con los del contrato celebrado por la Policía Nacional, se encuentra que por cada caja de 50 tapabocas adquirida por la Armada Nacional se evidencia un sobrecosto de $37.500, que al multiplicarse por la cantidad pactada en el contrato (26.454), sumaría $992.025.000, advirtiéndose el sobrecosto de 100%., considerándose así que se ha producido un daño patrimonial por ese valor (NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES VENTICINCO MIL PESOS).

Ante los hechos descritos, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR procedió a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal, vinculando al mismo a quienes, en virtud de la gestión fiscal o con ocasión de ella, presuntamente generaron o contribuyeron en la generación del daño patrimonial, como son: − Capitán de Navío Jaime Gómez González Comandante de la Base Naval No. 6 ARC Bogotá, quien suscribió el Contrato N° 0047 de 07 de abril de 2020, donde se evidencia el sobrecosto descrito.

Para la Contraloría, el Capitán Gómez González en su calidad de ordenador del gasto, al momento de celebrar el contrato objeto de investigación debió advertir el desproporcionado valor de los tapabocas convencionales que se iba adquirir por la Armada Nacional. − Capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel, toda vez que en su calidad de Directora de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Base Naval No. 6 ARC Bogotá, al realizar los estudios previos debió incluir en la cotización del estudio de mercado a empresas como SERSUGEN SAS, que posteriormente suscribió el contrato con la Policía Nacional, ofreciendo por unidad de tapabocas la suma de $750, cifra ostensiblemente menor a las ofrecidas por las cotizaciones que la capitán Moreno incluyó en los estudios previos y que finalmente establecieron el valor del contrato No 047 de 07 de abril 2020 objeto de cuestionamiento. − Anderson Gaminera Angulo, como representante legal de Medivalle SF SAS, firma contratista que ofreció los tapabocas objeto de cuestionamiento, toda vez que el precio de venta superaba ampliamente a los tapabocas convencionales ofrecidos por otros proveedores, de acuerdo al análisis efectuado por la Contraloría”.

OTRAS INDAGACIONES

 Adicionalmente, el organismo de control abrió procesos de responsabilidad fiscal por la misma irregularidad, contra 6 mandatarios territoriales:

  • Por casi $312 millones contra la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González.
  • Por más de $942 millones contra el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.
  • Por $1.051 millones contra el Alcalde de Sincelejo (Sucre), Andrés Eduardo Gómez Martínez.
  • Por $1.107 millones contra el Alcalde del Municipio de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; y otro por más de $229 millones contra el Alcalde del Municipio de Coveñas (Sucre), Rafael Antonio Ospina Toscano.

Todos estos procesos se abren por presuntos sobrecostos en la ejecución de contratos que suscribieron sus administraciones como consecuencia de declaratorias de Urgencia Manifiesta realizadas a raíz del Covid-19.

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