FAST TRACK LEGULEYO

Actualidad Columnista

Por Aníbal Charry González

En medio de la normal expectativa que había respecto del fallo sobre la aplicación del denominado fast track  por lo que representaba para la implementación  de los Acuerdos de La Habana, la Corte Constitucional finalmente despejó la incertidumbre dando vía libre al especial y expedito procedimiento transitorio, pero lamentablemente como diría Gilberto Alzate Avendaño, dejando  el proceso de paz eventualmente colgado de los incisos y la filigrana jurídica absurda de exigir una nueva refrendación por parte del Congreso de lo que ya estaba refrendado, so pena de que se caiga toda la estantería legislativa de dicha implementación, sirviendo en bandeja de plata leguleya a los enemigos de la paz la posibilidad de abortar todo el proceso o parte de él con más ataques de constitucionalidad.

No otra cosa se puede colegir del abstruso   razonamiento de la Corte, de afirmar por un lado por ser ello evidente, que el fast track tiene como objetivo  lograr la paz que es un fin imperioso del orden constitucional y de ahí su viabilidad porque no podía sustituir la Constitución, y a renglón seguido en un verdadero galimatías que obligó al Senado a exigir la presencia de su presidenta  para que lo explicara antes de proceder a refrendar nuevamente como se exigía  lo que ya estaba refrendado para que el Congreso en su sabiduría -que no es mucha- dijera si ese mecanismo  tenía legitimación democrática, equivalente a que se le prendiera una vela a Dios y otra al diablo en la implementación del accidentado Acuerdo Final, porque la Corte teniendo la última palabra en la materia tenía que haberlo resuelto sin acudir a tamaña leguleyada, máxime cuando el proceso de paz con las FARC no podía estar sometido  a ninguna clase de refrendación por perseguir la concreción de un derecho fundamental que nos pertenece a todos como es la paz.

Y es que pareciera que el fallo que le dice ambiguamente sí pero no al fast track, afirmando leguleya y contradictoriamente que “la refrendación popular que ponga en vigencia el Acto Legislativo 1 de 2016, debe ser un proceso en el cual haya participación ciudadana directa y cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de búsqueda de mayores consensos”, pareciera redactado por los francotiradores de la paz encabezados por Uribe, cuando se sabe que ni actúan de buena fe ni quieren consenso alguno, sino tirarse como sea el proceso  para tenerlo como bandera mezquina en las elecciones del 2018.

Muy mal parada ha quedado la Corte con el inextricable fallo que le escurrió el bulto a la responsabilidad que tenía de resolver definitivamente sobre la constitucionalidad de la vía rápida, dejando prácticamente en vilo la seguridad jurídica de un asunto tan nervioso a los intereses nacionales como es la paz, demostrativo de que  la suerte de este país guerrerista que no ha hecho sino matarse por insidias politiqueras sin refrendación popular alguna, quedará colgado de los incisos y la leguleyada santanderista.

Escolio. Esta columna volverá en la segunda semana de enero de 2017. Felices fiestas.

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