EL IMPERIO DE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

Por Marcos Silva Martínez.

Corrupción e Impunidad crecen incontenibles en Colombia. El pueblo es la víctima. Las consecuencias son, del caos ético, moral y social y la anarquía institucional y política que convirtieron en golosina el ejercicio del poder manejo de lo público con lo que desarrollaron una cultura mafiosa y la consecuente conciencia social colectiva.

El caos; institucional, ético y moral, se magnifica y evidencia en los órganos del poder público y constituye garantía de impunidad.

Altas Cortes, Rama Judicial, congreso, órganos de control, etc., están permeados de venalidad, intereses rastreros, mediocridad, politiquería y corrupción.

La corrupción es evidente en la estructura institucional vigente; en lo regional, local y en entes descentralizados.

El régimen pretende engañar al público con aparentes decisiones anticorrupción, tales como; Reforma de la Ley 80/83, ley 1150/2007, estatuto anticorrupción, Pliego Único, creación de instituciones para la contratación y garantía de transparencia como FONADE, Compra Eficiente, SECOOP, Patrimonio Autónomo (MINEDUCACIÓN), entre muchas otras falacias. Pero la corrupción crece de la mano de la impunidad.

La contratación pública es el filón excepcional para delincuentes de cuello blanco. Desde ahí se reparten el botín presupuestal. El gobierno, se niega a poner orden, siendo posible, porque esa es la fuente que abastece a politiqueros, populistas y clientelistas. La vía expedita es la contratación pública.

El congresista, el diputado, el concejal, el gerente, el director y jefes corruptos, no se untan directamente en la negociación. Escuchan ofertas y reciben a través de terceros. En contados casos dejan huellas que los comprometan.  Los coequiperos y testaferros hacen su oficio con maestría. La impunidad, hace el resto. Los contratistas navegan bajo los efectos de la cultura mafiosa. Para sus propósitos aprovechan hasta la pandemia. Es la radiografía de la cultura mafiosa.

Si no se robaran los recursos públicos, los gobiernos podrían atender oportuna y satisfactoriamente las necesidades de la comunidad e impulsar el desarrollo integral. Salud, educación, infraestructura, PAE, recreación, fenómenos naturales, servicios públicos, etc.

¿Cuánto pierde el erario público por corrupción?

Procuraduría, Contraloría, OENEGES, han precisado que Colombia pierde anualmente más de $50 billones por corrupción corrupta. ¿Cuánto podría desarrollarse la nación con ese dinero que se roban?

Desafortunadamente la comunidad en general, se habituó a convivir con la corrupción y la impunidad. Hay silencio cómplice e impunidad social generalizados.

Por eso toda la nación es rehén de las mafias de todas las calañas, que saquean el presupuesto público, imponen burócratas y los sostienen.

La impunidad supera el 97%, con más de 2.8 millones de procesos represados o engavetados.  ¿Cuántos jueces y abogados litigantes, coadyuvan o explotan ese putrefacto caldo de cultivo?  De la formación profesional desaparecieron los valores.

Revertir y cambiar este estado caótico es prácticamente imposible, mientras prosiga la politiquería, la componenda mezquina para asegurar intereses personales y los electores continúen, por conveniencia o irresponsabilidad, ciegos y sordos.

Con facilidad los electores, reeligen a los mismos o a sus pupilos, sin importar que su hoja de vida sea un prontuario delictivo, en muchos casos.

La jungla jurídica, en la que se parapetan ciertos jueces, litigantes, burócratas y violadores de la ley, debe ser depurada y actualizada, de acuerdo con la gravedad de los hechos. El contagio se posesionó en las altas esferas del poder.  Ahí reina la politiquería y la corrupción. A ello obedecen los bandazos de las ponencias e incoherencia de leyes y sentencias, en muchos casos. Preteles, Escobar Giles, Robertos Prietos, Ricaurtes, Bustos, Malos, ñeñenarcopolítica, Memo Fantasma, compra y negociadores de votos, de testigos, chuzadas, defensa de buenos muchachos, cúpula militar, prontuario del Matarife, etc.

Los llamados choques de trenes, entre las altas cortes, generalmente obedecen a choques de intereses, compromisos e inmoralidad.

En toda Latinoamérica la corrupción está presente, pero en algunas naciones, algo opera la justicia y hay expresidentes y ex-altos dignatarios condenados o judicializados o prófugos. En Colombia, ¿cuántos delincuentes de cuello blanco disfrutan la impunidad y acosan y atacan y pisotean la institucionalidad y la ley?

Bastan algunas referencias: el diabólico poder corruptor de Odebrecht y los escasos resultados de los procesos. REFICAR y Concesiones Viales y sus costos exorbitantes, Hidroituango, derrumbes de edificios particulares, carteles y cartelitos de la salud, de las importaciones, etc. La mayoría de las investigaciones quedan en aspavientos, pantallazos, desvirtuadas o manipuladas por la impunidad e ignoradas por la voluble memoria colectiva.

¿Y el Gobierno qué hace, ¿qué dice al respecto? Se dice que el que calla otorga. Las excepciones son escasas.

Bajo el imperio de la delincuencia de cuello blanco, en connivencia con burócratas y politiqueros de diferentes rangos y camuflados por la impunidad, es imposible esperar un futuro próspero y civilizado para Colombia.

La solución del caos y la anarquía del poder institucional, la corrupción e inmoralidad, exige instituciones fuertes, dirigentes honestos, capaces y responsables socialmente y un marco legal integral, acorde con la gravedad del problema. ¿Quién se atreve a poner orden?

Es el gran desafío de todo ciudadano responsable política y socialmente para plantear y definir soluciones concretas y del elector, para evitar elegir delincuentes y taimados politiqueros. La premonición es: Si vota por bandidos en próximas elecciones, convierte el voto en instrumento de condena para sí mismo, sus semejantes presentes y las generaciones futuras. Piensen y decidan. Colombia es un Estado Fallido.

Likes(0)Dislikes(0)

Comments

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *