DESCONOCER LA JUSTICIA

Actualidad Columnista

Por Aníbal Charry González

Cuando no conviene a los intereses en contienda de una de las partes, es el peligroso camino que estamos recorriendo en el plano nacional e internacional, que conduce a la deslegitimación de la justicia con consecuencias letales para las sociedades que se dicen civilizadas. Tal es lo que ha ocurrido con no pocos fallos de los tribunales nacionales en contra del enjambre de forajidos de cuello blanco que se auto declaran perseguidos políticos, en medio del asentimiento de buena parte de la población que se identifica malsanamente y por conveniencia con este perverso desconocimiento de la justicia.

Ahora el turno es para soslayar la justicia internacional cuando previamente nos habíamos sometido a ella porque no ha convenido a nuestros intereses. Que es lo que ha ocurrido con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que se declaró competente para conocer de las demandas instauradas por Nicaragua contra Colombia, que dejó patente la incompetencia de quienes representaban los intereses de nuestro país, que como  rábulas de barandilla  han salido a desconocer el fallo echándole la culpa a los magistrados de la Corte por prevaricadores, respaldando que se acuda al desviado expediente de no aceptar ahora su jurisdicción cuando la decisión ha sido adversa  a Colombia, convirtiéndonos en verdaderos parias ante la comunidad de naciones.

Y es que no se entiende cómo es que después de haber suscrito a ciencia y paciencia el Pacto de Bogotá que aceptó la competencia para que la CIJ  se pronunciara respecto al diferendo limítrofe con Nicaragua que llevó al pronunciamiento del fallo de 19 de noviembre de 2012, ahora se diga que esta no tiene competencia para conocer de las demandas derivadas de su incumplimiento, cuando la renuncia a su jurisdicción no podía tener efectos ex post facto, convirtiendo en un chiste la administración de justicia internacional previamente aceptada  porque el fallo no fue favorable a los intereses de una de las partes.

Si bien Colombia está en todo su derecho de defender su soberanía  en lo cual todos los colombianos estamos de acuerdo, esta debe ser por los cauces del derecho, y no acudiendo a su desconocimiento y al anuncio de medidas de fuerza que suenan bien para la galería acostumbrada a la guerra y a confrontaciones mortales estimuladas a conveniencia por la clase política, como lo ha hecho el presidente Santos, afirmando que la CIJ no le conviene a Colombia y que “la soberanía la defenderemos hasta la muerte y hasta el último centímetro”, agregando que no se comparecerá más ante ella, cuando no se ha pronunciado un fallo definitivo sobre el asunto, sino que apenas se ha aceptado su competencia, que bien podría ser finalmente a favor de Colombia, -máxime cuando se ha asumido con una votación dividida-; siempre que estemos  bien representados por expertos abogados internacionalistas y no por malos perdedores que para justificar su incompetencia salen a incendiar la aplicación del derecho, dando pésimo ejemplo de lo que representa su ejercicio y de desconocimiento  de la justicia que es garantía de civilidad de cualquier sociedad que se respete.

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