DEFENSA INFAME

Actualidad Columnista

Por Aníbal Charry González.

Frente a la contundente y bien argumentada decisión contenida en más de 1500 páginas, proferida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que decretó la medida de aseguramiento contra el senador Álvaro Uribe, no podía ser más infame la estrategia de defensa adoptada por  sus abogados Granados y Lombana, que ante su incompetencia y la falta de argumentos jurídicos para interponer los recursos pertinentes, fungiendo de abogados del diablo y por supuesto violando el régimen disciplinario de la abogacía, procedieron a injuriar gravemente a los magistrados sindicándolos injusta y públicamente de prevaricadores, afirmando que el fallo era una venganza política por los enfrentamientos que de vieja data había tenido Uribe con la Corte.

No hay duda de la estrategia canalla y vil de la defensa de Uribe, que haciéndole coro a su defendido que sindicó a los magistrados de secuestradores -cuando ya los había tratado de hijueputas-, afirmando públicamente que no se encontraba detenido legalmente sino secuestrado, clavándoles la daga de la infamia a sus jueces naturales para descalificarlos dolosamente y con toda la sevicia afectando gravemente su honra y buen nombre; para que sea la justicia de opinión de sus fanáticos seguidores que de antemano lo absuelven, la que profiera el veredicto absolutorio condenando al noveno círculo del infierno a los  magistrados que considera en forma no menos  miserable que fueron cooptados por las Farc, por el solo hecho de haberse atrevido a administrarle justicia a quien se considera intocable y solo susceptible de ser juzgado por el estado de opinión y la justicia divina que no ha proferido jamás un veredicto de esta naturaleza.

Y es que hay que precisar que los fallos judiciales son susceptibles de ser controvertidos a través de los recursos en los procesos guardando el debido respeto por los jueces, y aun públicamente pero con compostura y no con maldad y villanía como lo han hecho Uribe y sus abogados, que debían ser investigados disciplinariamente por violar de manera patente el estatuto del abogado en cuanto a la ética y el respeto debido a la administración de justicia, y así debería proceder la Sala de Instrucción de la Corte Suprema compulsándoles copias al Consejo Superior de la Judicatura al resolver la marrullera petición de pérdida de competencia por haberle sido aceptada la renuncia como senador a su defendido, quien insiste en forma no menos marrullera, que no tiene interés de que la Corte la pierda para investigarlo.

Tendrá que ser la misma Corte la que resuelva si conserva la competencia frente a la infamia de la defensa, sabedora de que su ruindad es producto de la misma contundencia de la decisión que privó de la libertad a Uribe por potísimas razones de obstrucción a la investigación, teniendo en cuenta que el fuero que tienen los congresistas de acuerdo al artículo 235 de la Constitución no es personal sino institucional precisamente por su investidura, para que se determine a que juez le corresponde resolver finalmente la suerte del mesías que solo cree en la justicia de opinión y la divina para absolverlo.

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