CONTRATACION PÚBLICA CORRUPCIÓN Y PODER

Por Marcos Silva Martínez

La corrupción en el manejo de los recursos públicos, puede decirse que se institucionalizó, en Colombia. Los gobiernos dan palos de ciegos. Antes que reducirse, los hechos de corrupción aumentan, se profundizan y extienden a todo lo oficial, con el concurso y beneficio del privado. Las evidencias lo demuestran.
Ese cáncer socioeconómico-fiscal, sí es posible erradicarlo, con voluntad política y responsabilidad del poder público. Se requieren reglamentos precisos y sanciones contundentes y sumarias, para los responsables y un Estatuto Único, para todas las entidades oficiales que manejan recursos y contratan obras y servicios, sin excepción. Debe precisar y ordenar que, todo funcionario y/o proponente imputado por actos de corrupción debe ser separado del cargo y el contrato suspendido, a partir de la imputación de cargos.

El funcionario público debe ser inhabilitado indefinidamente para ejercer funciones públicas y contratar con el estado. El contratista, inhabilitado indefinidamente para contratar con entidad pública, como persona natural, en consorcio, unión temporal o integrante de persona jurídica. Además, todo investigado por actos de corrupción, debe ser investigado, de oficio, por enriquecimiento ilícito.

Las condiciones para participar en convocatorias para contratar con el estado, deben garantizar ampliamente la participación. La evaluación y selección de propuestas, solo debe hacerse por cumplimiento de requisitos habilitantes, sin puntajes. Debe haber mínimo cinco propuestas hábiles. En caso contrario debe repetirse el proceso. La adjudicación debe hacerse solamente con balotas, entre los proponentes habilitados.

Toda entidad oficial, que contrate obras o servicios, debe tener base de precios unitarios actualizados anualmente y debe someterlos a aprobación de la Contraloría General de la República. Hasta aquí, es procedimiento sencillo y efectivo, pero que no aprueban los politiqueros, clientelistas y delincuentes de cuello blanco. Son la piedra angular de la corrupción.
Por las actitudes, posición e indiferencia de congresistas, en los debates sobre control de la corrupción, muy seguramente porque pueden afectar sus intereses, la única vía rápida para implementar cabios concretos en el sistema de contratación, pliegos de condiciones, evaluación y adjudicación, debe ser, con apoyo de los Entes Nacionales de Control, el Sr. Presidente, solicite Facultades Extraordinarias al Congreso, para promulgar un nuevo Estatuto General de la Contratación, mediante Decreto Ley, con el que derogue toda la normatividad sobre contratación vigente y estructure un Nuevo Estatuto con procedimientos, términos, precisiones y controles, que acaben con todas las mañas que están utilizando los ordenadores del gasto y proponentes, para saquear el presupuesto público, a través de la contratación, aplicable a toda entidad que maneje dineros públicos, sin ninguna excepción.

¿Será imposible?
La estructuración de ese Nuevo Estatuto, debe hacerla una comisión especial, integrada por personas de amplio conocimiento y experiencia en análisis de costos, especificaciones técnicas, programación de inversión y desarrollo de proyectos, entre otros. En esa comisión no se requieren abogados, economistas, administradores, filósofos, poetas, artistas, lagartos, politiqueros, ni habituales paracaidistas.

Likes(0)Dislikes(0)

Comments

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *