Competencia de la JEP

Actualidad Columnista

Por Aníbal Charry González.

Sin duda ha sorprendido a todo el mundo la confesión de la Farc de atribuirse el asesinato de Álvaro Gómez, después de 25 años de impunidad y  de ser declarado el crimen como de lesa humanidad, que igual equivaldrá a impunidad no obstante su imprescriptibilidad como siempre ha ocurrido en esta clase de crímenes, ora por incompetencia del mismo Estado o porque como yo lo creo, el establecimiento se ha encargado que queden impunes por haber participado en varios de ellos y por lo tanto no le interesa su esclarecimiento; pero ahora que se reclama en virtud de los Acuerdos de Paz que digan la verdad sobre sus crímenes ante la justicia transicional, resulta que no les creen, porque cada parte de acuerdo al bando en  que milite quiere es su verdad, así el Estado no sea capaz de encontrarla.

Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con el Gobierno de Duque, que está interesado en su acomodada verdad, pidiéndole a su fiscal de bolsillo que continúe con la investigaciones del magnicidio, no obstante que han transcurrido 25 años sin tener una pista seria, tratando de soslayar la competencia de la JEP como cualquier tiranuelo, cuando es un mandato constitucional- así como lo hizo desconociendo arbitrariamente la independencia de la Justicia absolviendo anticipadamente a su mentor-, y lo que es todavía más arbitrario y dictatorial -enderezado a ponerle una carga de profundidad que ponga fin al proceso de paz que es lo que ha querido desde que se posesionó como presidente-mandadero-, a través de su despistado Comisionado de Paz Miguel Ceballos, le ha solicitado prematuramente a la JEP que evalúe  si el senador Julián Gallo o Carlos Antonio Lozada debe perder su credencial al confesar tempranamente ser el autor del magnicidio.

No puede ser mayor el acto de mala fe del Gobierno empeñado en la verdad que le conviene, por cuanto, en primer lugar, la JEP no ha asumido la competencia frente a la confesión de las Farc porque el senador no ha comparecido ante la justicia transicional, y porque como ya se dijo, solo puede imponer las sanciones pactadas en La Habana, que en manera alguna puede implicar por confesar la verdad, el despojo de la credencial de congresista de ningún miembro de las Farc, porque precisamente para eso dejaron las armas con el fin de participar en política.

Bien o mal los subversivos se sometieron a un proceso de paz que quedó incorporado a la Constitución, y debe respetarse sin acudir a la perfidia que pretende el Gobierno para derrotarlos desarmados cuando no pudo el Estado por la vía militar. “Las FARC-EP era una guerrilla con claras motivaciones políticas. Ellos se alzaron en armas para derrocar al Estado y el sistema político vigente. Su interés último en dejar las armas era entrar en la vida política e intentar esos cambios por la vía democrática. Si les quitan la vida política ya no hay acuerdo”, como con acierto lo dijera Diana Isabel Guizar integrante del Laboraratorio en Violencia y Justicia Transicional de la Universidad de Notre Dame. 

Así son las cosas.

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