MISIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO, ENTREGA SU INFORME

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Por Martha Cecilia Toro

La Misión para la Transformación del Campo, dirigida por José Antonio Ocampo, entregó hoy al Presidente el paquete de propuestas para saldar la deuda histórica del país con la ruralidad colombiana y hacer un aporte decisivo a la construcción de la paz. Las propuestas buscan convertir al campo, en un periodo de 15 años, en un espacio generador de bienestar, moderno, competitivo y respetuoso de la diversidad territorial y de los recursos naturales.

Para lograrlo, resalta que es indispensable: i) poner la equidad en el centro de las políticas de desarrollo del campo y, por ende, reducir las enormes desigualdades entre los habitantes rurales y urbanos, entre los propios habitantes rurales, entre hombres y mujeres, entre distintos grupos étnicos y entre las distintas regiones; ii) adoptar un enfoque territorial participativo, consistente con la heterogeneidad regional del país y con la necesidad de fomentar la participación social en todas sus formas; iii) generar un ambiente propicio para apuestas empresariales de todo tipo (de pequeñas, medianas y grandes empresas); y iv) garantizar la protección del medio ambiente, en particular del agua, los suelos y los bosques.

En materia de inclusión social, la Misión propone como los dos programas prioritarios de corto plazo la eliminación de la desnutrición en el campo y una campaña de Analfabetismo cero. Propone crear direcciones permanentes y especializadas en los Ministerios de Educación y Salud para el diseño de una política rural adecuada y diferenciada que se adapte a las particularidades del campo. En educación, sugiere invertir en modelos flexibles con contenido pertinente y de calidad que faciliten la inclusión productiva e incentiven la creatividad y la innovación, tanto en niños como en jóvenes. En salud propone migrar hacia un modelo con énfasis en promoción y prevención, que elimine las barreras de acceso y acerque los servicios de salud a las familias, especialmente en los municipios más dispersos. Resalta también la necesidad de ampliar la cobertura de programas como Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y Colombia Mayor para garantizar una vejez digna, el acceso universal a un seguro contra riesgos laborales y la creación gradual de un pilar de cuidado dentro del sistema de protección social para facilitar la participación laboral femenina. Por último, la Misión sugiere centralizar en el DPS todos los subsidios y transferencias monetarias dirigidas a las familias, con el fin de mejorar la incidencia del gasto social en el bienestar de los hogares, monitoreando así una salida progresiva de los subsidios del Estado.

Para avanzar en la inclusión productiva, la Misión propone fortalecer la agricultura familiar y generar nuevas oportunidades de empleo no agropecuario a través de inversión pública en activos productivos, generación de capacidades y promoción de la asociatividad. El énfasis deberá recaer en el acceso a la tierra en cantidad y calidad suficientes, la acumulación de activos productivos como maquinaria e insumos y la provisión de un servicio de acompañamiento integral que vaya mucho más allá de la asistencia técnica, acercando así a los productores a las nuevas tecnologías y a las buenas prácticas agrícolas y empresariales. De igual forma, propone invertir en la fase de comercialización a través de la modernización de los sistemas de abastecimiento del nivel local, regional y nacional, la consolidación del sistema de compras públicas locales con preferencia para agricultores familiares y el escalamiento de las alianzas productivas entre agricultores familiares y grandes empresarios. En actividades no agropecuarias, propone promover el desarrollo de actividades productivas y de servicios como el turismo, las artesanías, la construcción, el transporte y los encadenamientos productivos de la agricultura y la minería para transformar productos básicos en productos de alto valor agregado. Sugiere que gran parte del empleo generado por obras públicas utilice mano de obra local. Todo lo anterior deberá financiarse a través de proyectos bajo la modalidad asociativa que respondan a las visiones locales y regionales de desarrollo productivo. El crédito y los modelos de cofinanciación Nación-Región serán los principales instrumentos de financiación. Por último, para enfocar de manera eficiente los recursos públicos y privados en materia de inclusión productiva, la Misión propone construir un registro nacional de agricultores familiares.

En materia de competitividad agropecuaria, la Misión hace énfasis en la necesidad de invertir  más en servicios y bienes públicos para el desarrollo productivo y menos en apoyos directos que respondan a situaciones coyunturales. Los bienes y servicios públicos prioritarios serán ciencia, tecnología e innovación, un gran salto en la cantidad y calidad de las vías terciarias, infraestructura de riego y regulación de corrientes de agua, sanidad agropecuaria e información. Igualmente importante es concentrar el crédito de FINAGRO en el acceso de los pequeños agricultores y en el fomento a la inversión de todos los productores, apoyados en este último caso en mayores recursos del incentivo a la capitalización rural, y cambios sustanciales en instrumentos existentes para ampliar y mejorar el uso de seguros agropecuarios. Asimismo, se deberá invertir en la construcción de redes de frio y centros de acopio de alcance regional y en la consolidación de sistemas logísticos de  transporte, con participación mayoritaria de capital privado pero posibles inversiones minoritarias de FINAGRO. Finalmente, en materia de comercio exterior, la Misión sugiere darle a la diversificación de exportaciones el carácter de política de Estado, en donde la inocuidad y la calidad de los productos deberán tener la mayor prioridad.

La sostenibilidad ambiental ocupa un lugar importante dentro del paquete de recomendaciones de la Misión. Recuperar y proteger los servicios ecosistémicos del agua y el suelo, enfrentar el cambio y la variabilidad climática y aprovechar de forma sostenible el patrimonio natural para el desarrollo rural, son las tres prioridades. En esta  dirección, la Misión propone un incremento en las Tasas por Uso de Agua que incentive su adecuada utilización y genere recursos suficientes para la conservación de las cuencas. Una parte de estos recursos se utilizaría en un programa de pago por conservar las fuentes de agua y otros pagos por servicios ambientales, especialmente para agricultores familiares que ya residen en zonas de protección. Igualmente, sugiere establecer una meta de cero deforestación para 2030 y un cierre definitivo de la frontera agropecuaria, lo que implica la delimitación final, zonificación y ordenamiento de las Zonas de Reserva Forestal (ZRF). Por otro lado, se propone el montaje de un Sistema de Alertas Agroclimáticas Tempranas, participativo e interactivo, acompañado del diseño de planes de contingencia frente a las amenazas que enfrentan los sistemas agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales.

En materia de ordenamiento y desarrollo territorial, la Misión presenta propuestas en cuatro líneas: ordenamiento ambiental, social y productivo; convergencia regional y cierre de brechas rural-urbanas; desarrollo rural con enfoque territorial; y consolidación de la asociatividad territorial. En relación con la informalidad en la tenencia de la tierra, propone un programa de formalización masiva que se lleve a cabo a través de intervenciones en el territorio por barridos prediales. Asimismo, sugiere la creación de un Fondo de Tierras con fines redistributivos como instrumento para reducir la concentración de la propiedad de la tierra rural y asegurar para los agricultores familiares tierra en cantidad y calidad suficiente, atada siempre a proyectos de generación de ingresos. Igualmente, con el ánimo de promover el desarrollo económico y social de zonas aisladas del país con gran potencial, la Misión invita al Gobierno a facilitar la creación de  Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE) o modelos similares, en donde se utilicen figuras como la  concesión, el arrendamiento o el derecho real de superficie y no la entrega de la propiedad de la tierra.

La Misión sugiere, además, el montaje gradual de un centenar de Programas de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial (PDRIET) en provincias o regiones con alta concentración de agricultores familiares, elevados niveles de  pobreza y alto potencial productivo. Estos programas buscarán articular y llevar de manera conjunta toda la oferta del Estado a un mismo territorio, a través de una acción integral que garantice la sostenibilidad y competitividad de los territorios. Por otro lado, la Misión recomienda  mejorar el sistema de planeación y ordenamiento territorial, dando particular énfasis al fortalecimiento de las  capacidades y el rol de los departamentos, discriminar los presupuestos de inversión entre las cabeceras municipales y el área rural dispersa para garantizar la adecuada distribución de recursos públicos para el campo y apoyar la conformación de provincias y regiones de planificación y gestión como figuras de integración territorial que generen sinergias y economías de escala en la administración pública.

Finalmente, la Misión hace varias recomendaciones de ajuste a la institucionalidad. En primer lugar, recomienda la conformación de un CONPES RURAL y un CONFIS RURAL como escenarios de coordinación de las inversiones a largo plazo de todo el gobierno en el mundo rural (planes decenales que se actualizan periódicamente) y asegurar los recursos correspondientes. Invita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a retomar su papel de rector de la política agropecuaria y de desarrollo rural, dejando la ejecución en cabeza  de sus entidades adscritas. Propone la liquidación del INCODER y la creación de cuatro entidades: i) una Agencia Nacional de Tierras a cargo del proceso de formalización, la política redistributiva del Fondo de Tierras y la administración de tierras del Estado; ii) un Fondo de Desarrollo Rural como entidad de promoción, gestión y cofinanciación para el desarrollo productivo y el fortalecimiento de la institucionalidad local, en donde la estructuración de proyectos, la priorización de inversiones y la ejecución de recursos se hace a nivel local y/o regional; iii) una Agencia de Promoción de Inversiones Agropecuarias y Agroindustriales encargada de incentivar la inversión privada en cadenas productivas con gran potencial de mercado externo o interno; y iv) unaUnidad Administrativa Especial de Asistencia Técnica y Acompañamiento Integral que lidere, en compañía de las entidades territoriales, la ejecución de los recursos del Gobierno Nacional destinados a brindar asistencia técnica y acompañamiento integral a los pequeños y medianos productores.

En cuanto a las entidades adscritas existentes, se propone: i) consolidar a CORPOICA como la entidad coordinadora del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Agropecuaria; ii) continuar con el ajuste institucional del ICA, buscando que la entidad cuente con personal técnico idóneo e infraestructura moderna, iii) especializar a FINAGRO en sus tareas de banca de segundo piso y aportes de inversión de capital de riesgo; iv) llevar al Banco Agrario a tener un papel activo en materia de captación de recursos y manejo de riesgo; v) especializar a la AUNAP en la regulación y vigilancia del manejo del recurso acuícola y pesquero; y vi) fortalecer a la UPRA para consolidarla como el principal brazo técnico del MADR.

Finalmente, dentro de una visión de un desarrollo rural en donde los actores locales y regionales juegan un papel protagónico, la Misión invita al Gobierno a poner en marcha un programa de gran alcance para promover y fortalecer las organizaciones de productores y las organizaciones sociales, así como para ajustar los espacios de participación, empoderarlos y darles instrumentos para que respondan a los principios de transparencia, democracia y planeación participativa.

La Misión estima el costo de sus propuestas en $13 billones de pesos por año en el período 2016-2030, lo que equivale al 1,2% del PIB, de los cuales $8,1 billones, equivalentes al 0,7% del PIB, serían gastos nuevos y el resto sería financiado con la reasignación de recursos existentes. La mayoría de los recursos nuevos  están asociados con los gastos requeridos en inclusión social (29%), vías terciarias (22%) y Ciencia, Tecnología, Innovación (16%), incluyendo este último caso el servicio de asistencia técnica directa y acompañamiento integral a los agricultores familiares. Los recursos deberán quedar asegurados mediante la asignación de rentas con destinación específica o con una norma que establezca que una proporción mínima del presupuesto deberá ser destinada al plan decenal de inversiones en el mundo rural.

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